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Federico Muller
Federico Muller
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02 Marzo 2018 04:00:00
¿Colusión en el mercado de gas LP?
Los estudiosos de la ciencia económica saben bien que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el comportamiento promedio de los precios de bienes y servicios de consumo cotidiano durante un periodo determinado, por su misma estructura no distingue entre el aumento o disminución de precios de los productos individualmente, de ahí que se puedan tener alzas considerables en algunos y decrementos en otros, y desde esa perspectiva llegan a modificar el poder de compra de los hogares.

Uno de los productos casi imprescindible en el consumo de las familias es el gas LP doméstico, que se utiliza para la cocción de alimentos y funcionamiento de calentadores de agua y ambiente. Este ha experimentado incrementos muy pronunciados en su precio en un periodo relativamente corto, pues en menos de un año ha pasado de 13 a más de 20 pesos por kilogramo. La carrera alcista de este bien básico no se refleja directamente en la tasa anual de inflación del país porque su incremento puede compensarse con la disminución de precios de otras mercancías. La variación tan abrupta de precios del gas LP ha obligado al Gobierno a investigar cuáles han sido las causas de esos aumentos, que parecen contradictorios con las expectativas que se tenían de bajos costos con la reforma energética.

Si la memoria no nos juega una mala pasada, vale la pena recordar que a finales de 2015 un grupo de diputados federales solicitaba al Gobierno la importación de gas LP de Estados Unidos sin ninguna restricción arancelaria para 2016. La sencilla aritmética que presentaban era provocativa y parecía la solución al encarecimiento de dicho producto: proponían importarlo del vecino del norte porque tenía un precio que no rebasaba los 5 pesos por kilogramo, incluyendo el flete, cuando en ese tiempo se vendía en las gaseras mexicanas a más del doble.

De acuerdo con esas voces camerales de antaño, Pemex no tenía la capacidad para abastecer el mercado nacional, ya que cubría solamente 70% y sus costos de operación eran superiores a los que generaban las procesadoras estadunidenses. No obstante, a pesar de la liberación del precio del gas y la llegada de barcos de los puertos americanos al mercado mexicano, las condiciones económicas han cambiado, lo que por supuesto no contemplaron los diputados en su propuesta y ha perjudicado a los consumidores nacionales, pues los precios de ese fluido no han bajado, por el contrario, han ido en constante aumento.

Uno de los factores que han encarecido el precio del hidrocarburo y que ha detectado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), auxiliada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha sido la probable colusión que se da entre las principales compañías distribuidoras y comercializadoras de gas; esto es, llegan a acuerdos ilegales en la determinación de los precios, por encima de los que genera la libre competencia, la cual pasa a segundo plano, surgiendo así prácticas monopólicas entre los agentes que participan en el mercado.

Quizá al final la investigación muestre que la CRE tenía razón en sus apreciaciones. Pero el problema estructural no radica allí, sino en la política energética que siguió el país desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas, pues bajo el modelo económico de sustitución de importaciones y de desarrollo compartido, la explotación de petróleo y gas se derrochó, utilizándose los petrodólares para cubrir los excesivos gastos del Gobierno; mientras, con el modelo económico actual, ya en declive la producción de los principales yacimientos someros petroleros, lo que queda del llamado oro negro en aguas profundas se entrega a compañías transnacionales.
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