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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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18 Octubre 2020 04:00:00
¿Comisión de la Verdad?
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Ahora que el ministro Zaldívar nos aclara que con su pregunta trespatinesca para la consulta popular, lo que realmente quiso decir (dixit Rubén Aguilar) fue que se crearan dos, tres, muchas comisiones de la verdad (dixit El Che Guevara) conviene retomar una discusión que en el caso de México viene de hace por lo menos 20 años. He aquí una breve contribución a ese debate.

Desde que se empezó a hablar de la necesidad de crear una Comisión de la Verdad ad-hoc y extrainstitucional para juzgar delitos del pasado, fueran de corrupción o de violaciones a derechos humanos, o de fraudes electorales, por ahí del año 2000, se enfrentaron dos tesis en particular sobre el tema. Una sostenía que no era necesaria ningún tipo de cooperación internacional para dicha comisión ya que los mexicanos éramos perfectamente capaces investigar el pasado, saldar cuentas con el mismo y empezar a mirar hacia adelante. Otros sosteníamos que por diversas razones –debilidad institucional, aversión al enfrentamiento, complicidades transexenales– no podríamos los mexicanos proceder de esa manera. Necesitaríamos algún tipo de cooperación internacional –asistencia técnica, mirada externa, ejercicios comparativos con otros países– para llevar a cabo esa faena.

Los segundos nos remitíamos, de vez en cuando, a la experiencia histórica. Pasaban los años y no creábamos ninguna Comisión de la Verdad –con la excepción de la que presidió Ignacio Carrillo Prieto, creada por Fox, Creel y Macedo de la Concha en el 2001– y menos aún que se acercara a la investigación de posibles delitos cercanos en el tiempo. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador ahora durante sus primeros dos años, han podido resolver el problema de juzgar el pasado sin hacerse una gran cantidad de bolas, como hubiera dicho el clásico. O bien han recurrido a chivos expiatorios –Peña y López Obrador– o se han hecho de alguna manera de la vista gorda ante hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos de sus predecesores, Fox y Calderón. Y ha resultado evidente que, si nos atenemos a la experiencia histórica de los últimos 20 años, la respuesta al dilema planteado originalmente es obvia: no, los mexicanos no somos capaces de llevar a cabo este tipo de proceso por nuestra cuenta, solos, sin cooperación

internacional.

Por eso, ahora que Zaldívar quiere una Comisión de la Verdad, que varios voceros de López Obrador durante la campaña dijeron que la habría, que se ha creado una Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, con algún tipo de asesoría internacional, la pregunta es: ¿por qué no resolver el tema de los regímenes pasados, de los delitos pasados de corrupción y violaciones a los derechos humanos, no por una consulta popular aberrante, ni por una investigación por este mismo sexenio, que ni va a tener lugar ni podría ser realmente justa ni imparcial ni atenida a derecho –basta ver el caso de Rosario Robles para entenderlo– por qué no crear esa Comisión de la Verdad con todo el apoyo internacional que se necesite?


¿En qué puede consistir ese apoyo internacional? No es demasiado complicarlo entenderlo. En primer lugar, una participación de juristas, activistas, expertos internacionales, autoridades morales amigos o amigas de México, que pudieran participar directamente. En segundo lugar, la asistencia técnica de organismos como la ONU, la OEA, organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y personas que tuvieron un papel destacado en las comisiones de la verdad o asimiladas en otros países, como en Sudáfrica, Chile, Argentina, etcétera. Y por último, expertos técnicos como los forenses argentinos en el caso Ayotzinapa, pero que pudieran ayudar en otros ámbitos dotados de una pericia y una experiencia que no necesariamente tenemos en México.

No sería una panacea, ni estaría desprovista de inconvenientes y dificultades reales. Pero ya entrados en gastos, una Comisión de la Verdad con cooperación internacional, podría servir mucho más que La Tremenda Corte de Tres Patines, en cuanto a su pregunta se refiere, o una consulta popular absurda, o una investigación por un Gobierno que, por lo menos para la mitad del país según las encuestas, carece de credibilidad en esta materia.

Posdata: a diferencia de muchos colegas, me parece una excelente idea que la esposa del presidente López Obrador haya viajado a Francia para inaugurar una importante exposición mexicana en el museo Jacques Chirac, y que en su caso realice gestiones en Francia y Europa para obtener el préstamo de ciertas piezas arqueológicas para los festejos que su marido quiere organizar el año entrante en México. Lleva una representación presidencial por ser la esposa del Presidente, ha sido recibida al segundo nivel más alto que existe en Francia, donde están acostumbrados a este tipo de procedimientos, y le ahorra un viaje a su marido, al mismo tiempo que lleva a cabo una gestión importante. Lo único que no entiendo muy bien es, en qué es distinto este hecho, a la representación presidencial que llevaba la esposa del presidente Fox cuando asistía a las tomas de posesión infinitamente recurrentes de diversos mandatarios latinoamericanos. A menos de que sean diferentes.
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