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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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24 Junio 2016 04:03:14
Como en las películas
El sábado pasado venció el término para la implementación total en el país del Nuevo Sistema de Justicia Penal, contenido en la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, en la cual se sentaron las bases para el establecimiento de este nuevo sistema de justicia, desde entonces a los mexicanos se nos ha dicho que a partir de esta reforma contaríamos con un sistema que respeta los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado; fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos los involucrados en un proceso penal.

El nuevo sistema está basado en un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decidirá de manera imparcial sobre las solicitudes de los intervinientes y en que los conflictos jurídicos relevantes se resolverán en audiencias públicas, contradictorias y orales.

La oralidad en las audiencias ha sido el componente que más llama la atención de la población, ya que se asegura que gracias esto los juicios ahora sí serán como de película, las audiencias serán públicas, con bancas para la gente metiche y toda la cosa, la parte acusadora y la defensa debatirán sus posturas a voz en cuello, haciendo gala de técnicas de oratoria y de capacidades histriónicas; la controversia será presidida por un juez con mazo o martillo o hasta
por tres jueces a la vez, los cuales escucharán con respeto a los litigantes y a los testigos, para luego valorar las pruebas y dictar la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado.

Cabe mencionar que la mencionada sentencia deberá ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el acusado, la víctima y el público asistente, por medio de un sistema de sonido de calidad y potente, y quizá hasta con música de fondo.

Además, este nuevo sistema contempla la posibilidad de que las partes logren acuerdos satisfactorios a fin de reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o conciliación, incluso habrá la posibilidad de que el imputado acepte su responsabilidad, evitándose pasar por un juicio largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima.

Todo imputado tendrá siempre la presunción de inocencia hasta que en su caso se demuestre lo contrario y desde ahora la justicia estará orientada a las víctimas, además será transparente y eficaz.

El problema viene cuando nos damos cuenta de que luego de ocho años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de una reforma constitucional, la confianza en las instituciones de justicia se sigue perdiendo, ya que en cuestión de denuncias, México ha caído en un porcentaje de 19.1 delitos por cada 100 ocurridos; no hay confianza ni medidas tendientes a recuperarla por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia; no hay un solo
sistema implementado que permita dilucidar si a quien se ha condenado bajo este nuevo sistema, efectivamente se le debió condenar.

tampoco se sabe con precisión las fortalezas y debilidades del mismo o si existen evaluaciones reales que nos permitan definirlas, por lo que se desconoce si este sistema ha cumplido o no con las expectativas en materia de impartición de justicia y políticas públicas en los estados que de inmediato la implementaron.

A los gobiernos se les sigue olvidando que la eficacia de un sistema judicial no radica en lo sencillo o complejo de sus etapas procesales, sino en la capacidad de frenar e inhibir las conductas delictivas en la población bajo la premisa de que quien se atreva a delinquir sabrá de antemano que lo pagará; es evidente que este nuevo sistema justiciero no ha cumplido en ocho años con esta mínima premisa, sino como se explicaría que en México, en los últimos años las altas tasas de delincuencia representan la vulnerabilidad de la justicia.
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