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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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01 Diciembre 2017 04:00:00
Como en Venezuela
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron las instalaciones de la Onceava Brigada de la Policía Militar, cuartel y unidad habitacional, en San Pedro, lugar que albergará a 3 mil 200 soldados.

Peña Nieto reconoció que la presencia de militares en nuestro estado creció de mil 800 a más de 6 mil efectivos. “Hace falta un marco jurídico adecuado, que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos, en tareas de seguridad pública”, dijo el Presidente, por lo que pidió al Congreso de la Unión la inmediata aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las entidades y municipios.

Algo está pasando en las cúpulas de los principales partidos políticos de nuestra nación, ya que en los últimos 2 años, los legisladores federales han discutido diversas iniciativas de reforma constitucional, que plantean darle facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en las actividades policiales, sin ningún control civil de por medio, una de ellas presentada por el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y otra presentada por el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, denominada Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada ayer.

En todas estas iniciativas de ley, tanto las del PRI como la del PAN, se estableció la necesidad de otorgarles más facultades a los militares como garantes de la seguridad interna del país. Ambas propuestas parecen olvidar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tanto han denunciado los propios ciudadanos y las comisiones encargadas de representarlos. Pareciera que a los legisladores poco les importan los innumerables cuestionamientos acerca de cómo se han utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, sin ningún tipo de control.

Así pues, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otorgando al Ejército la posibilidad de realizar labores de vigilancia y control social por cualquier método, por lo que podrán intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción, así como arremeter contra manifestantes que decidan tomar una carretera o incluso una calle, como forma de protesta, entre otras muchas potestades; todo esto sin mediar control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Es evidente que nuestros gobernantes, en su desmedido anhelo de controlarnos como sociedad, han emprendido una campaña legislativa sin fundamento, otorgándole facultades extraordinarias al Ejército en tareas que sólo competen a la sociedad civil, al punto de poner en riesgo nuestra identidad como república civil, para pasar a un régimen militar. Lo anterior representa una verdadera amenaza, ya que con estas acciones se han venido generando poco a poco condiciones suficientes para la instauración de un régimen dictatorial, exactamente igual al régimen de Venezuela.
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