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Federico Muller
Federico Muller
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20 Abril 2018 04:00:00
Congelamiento de precios de combustibles
Las declaraciones públicas de políticos, particularmente aquellos que contienden por la Presidencia de la República, no parecen apegarse a la realidad que se vive en el país y el mundo; muchas de ellas, sobre todo aquellas de carácter económico, rayan en los linderos de la utopía y la desfachatez. Ya en plena campaña electoral, infortunadamente ninguno de los candidatos ha presentado un programa de propuestas económicas serio, creíble y completo, que pueda llevarse a cabo en el sexenio que les tocaría gobernar a la nación.

Hemos escuchado propuestas que van desde el establecimiento de la renta básica universal hasta el congelamiento de precios de las gasolinas, pasando por el incremento de los salarios mínimos y el recorte de impuestos. Pero revisemos a grosso modo la propuesta de congelar el precio de los hidrocarburos, es decir, mantenerlo sin cambio durante al menos un periodo sexenal; es algo que endulza los oídos de quienes lo escuchan, suena muy atractivo, pero definitivamente se considera demagógico porque es inviable para el mercado competitivo en el que estamos inmersos como país.

A menos que se quieran manejar precios artificiales por debajo de los costos de producción, con el Gobierno subsidiando las diferencias entre los precios reales y los costos de producirlos o importarlos, como ha sucedido en el pasado reciente en México, pero esa aparente estabilidad de precios contribuyó a acelerar el crecimiento de la deuda pública, hasta que la hizo insostenible y surgió la liberalización de los precios de los combustibles, que se dio de manera abrupta, al grado que la picardía y el buen humor del mexicano le llamó el “gasolinazo” de enero de 2017, que indudablemente trajo consecuencias perniciosas que se vieron reflejadas en el incremento de los índices inflacionarios en los meses subsiguientes al cambio de precios porque aumentaron los costos de transporte de las mercancías. Aunque en 2018 todavía se presenta un incentivo fiscal a los precios de los combustibles, pero de menor monto que los subsidios de antaño.

No hay que olvidar que mientras el Gobierno controlaba los precios de las gasolinas, a través de subsidios, descuidaba presupuestalmente a la empresa que extraía y refinaba el petróleo: Pemex, lo que ocasionaba, entre otras cosas, la falta de mantenimiento y modernización de las plantas refinadoras de petróleo instaladas en diferentes puntos del país. Actualmente, la mayoría de ellas representa pérdidas para la paraestatal: de las seis que se tienen, tres ameritan una reconversión que implica una fuerte inversión para acondicionarlas a los requerimientos de la industrialización de los diferentes tipos de crudo. Por ello, el argumento político de construir dos refinerías más debe acompañarse de sacar de la obsolescencia a las ya existentes, para que México pueda ser autosuficiente en la producción de gasolinas.

Para su construcción, ese megaproyecto petrolero nacionalista necesitaría de millonarios recursos que si bien es cierto podrían obtenerse de créditos del exterior y de recortes presupuestales a programas sociales y de infraestructura del Gobierno, pero el lado oscuro de ese planteamiento, que más bien suena a ocurrencia populachera trasnochada, estaría en el gran sacrificio que significaría para la población de escasos recursos del país quedarse sin recibir transferencias de ingresos públicos, con las cuales se sustentan las políticas sociales. Ese segmento poblacional difícilmente posee un automóvil, y aunque habitualmente utiliza el transporte público para desplazarse, su consumo “indirecto” de gasolina es inferior al de la población mejor posesionada económicamente del país, que paradójicamente sería la más beneficiada de una política de corte aparentemente social.
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