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Gerardo Hernández
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02 Enero 2018 03:59:00
Congreso opositor
El primer congreso local de mayoría opositora hizo sentir el cambio desde el primer día. En la instalación de la LXI Legislatura, Humberto y Rubén Moreira fueron enjuiciados por la deuda de 37 mil millones de pesos, la corrupción, la impunidad y la violencia. El diputado Emilio de Hoyos, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), planteó al gobernador Miguel Riquelme –presente en la ceremonia– la opción de “apostar por la legitimidad democrática (…) y castigar los múltiples delitos cometidos durante los últimos dos sexenios, actuando con transparencia y sin simulación (…) o ser cómplice de 12 años de corrupción, impunidad y autoritarismo”.

Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, ofreció: “esta Legislatura será totalmente diferente a todas las anteriores. (…) responderemos al clamor ciudadano para que se castigue a quienes se enriquecieron ilícitamente, sin pudor alguno, con la complicidad y la protección de los órganos de procuración e impartición de justicia, así como del órgano fiscalizador del estado y de quienes, desde la bancada del PRI, nos precedieron en el Congreso, al que arrebataron la dignidad que nos proponemos recuperar.

“La forma delincuencial de operar de gobernadores y poderes sumisos, han llevado a la quiebra financiera al estado, y a otras consecuencias todavía más lamentables, como la muerte de enfermos en hospitales por falta de medicamentos y equipo para atenderlos; las calles destrozadas e intransitables y los pésimos servicios públicos (…)”.

Con respecto a los cambios a la Ley Orgánica del Congreso, que permiten al grupo parlamentario del PRI mantener el control sobre los órganos directivos y de administración e impiden a “los diputados no serviles” unirse en un bloque para formar mayoría, advirtió: “una norma inconstitucional no debe ni puede observarse. Ninguna maniobra legaloide acotará la autoridad y funcionalidad de esta soberanía (…). La Ley Orgánica es enunciativa y no limitativa, y la soberanía y autoridad de este Congreso reside en su pleno. Lo que aquí se apruebe es lo que se respetará”.

Claudia Isela Ramírez (PRD) pidió castigo para los corruptos y José Benito Ramírez (Morena) acusó a la anterior legislatura de haber actuado “de manera complaciente e irresponsable en muchas de sus atribuciones. (…) se deberá vigilar con mayor rigor los (…) recursos públicos para un combate eficaz a los privilegios, la corrupción y la impunidad”. Jesús Berino, del PRI, dijo que “la pluralidad nos llama hoy más que nunca a privilegiar el debate de las ideas”.

El gobernador –primero que escucha el posicionamiento de las fuerzas de oposición– actuó con mesura y se puso por encima del debate partidista. Su discurso lo dedicó a los principales asuntos del estado. Insistió, como lo ha hecho desde su toma de posesión, en la necesidad de promover la unidad y la concordia. “La contienda electoral ya quedó atrás”, apuntó. Incluso mencionó a Guillermo Anaya, su principal rival en las elecciones del 4 de junio pasado, quien asistió a la ceremonia.

Conciliador, Riquelme dijo confiar “en que el trabajo que realizará el poder legislativo en los próximos tres años hará historia”. Como parte del desafío para “poner a Coahuila en mejores condiciones”, reconoció la necesidad de “fortalecer una sociedad con leyes donde la justicia se aplique para todos y se erradique de todas las formas la impunidad y la corrupción”.

Coahuila tiene desde este lunes un Congreso “histórico”: el PRI ocupa sólo 40% de las curules, y las oposiciones, 60%; de los 25 asientos, 13 corresponden a mujeres. Sin embargo, para hacer historia, se necesita mucho más que discursos.

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