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14 Junio 2017 04:00:00
Consolidar la evaluación como práctica gubernamental
Por: Jesús Javier González Alcázar

En los últimos 25 años el Gobierno federal ha invertido más de 1.5 billones de pesos en el combate a la pobreza: con Fox se gastaron más de 225 mil millones de pesos; con Calderón, más de 544 mil millones, y en lo que va del sexenio de Peña Nieto, la cifra ronda los 600 mil millones de pesos. Los resultados, sin embargo, no son satisfactorios. De acuerdo con estimaciones de Coneval, en 1992 53.1% de los mexicanos vivía en situación de pobreza patrimonial, en tanto que en 2014 53.2% de la población se hallaba en esa situación.

Los recursos no han sido adecuadamente utilizados, la pulverización de programas, la falta de diagnósticos adecuados de la problemática real, la ausencia de autocrítica y la falta de evaluación de políticas y programas, sin triunfalismos y con apego a evidencia empírica, han provocado que las acciones de Gobierno sean poco eficaces y transparentes. La evaluación permite mejorar sustancialmente las políticas públicas: un hipotético programa de vacunación puede ser una bendición o una maldición dependiendo de sus resultados; evaluarlo, permite tener un diagnóstico adecuado del problema y evita que se vacune a niños contra influenza cuando la mortalidad se debía a meningitis, soslayando el dispendio de recursos escasos y resultados nulos.

En vísperas del cambio de gobiernos locales en cuatro entidades federativas en 2017 y del titular del Ejecutivo federal en 2018, es preocupante que el tema de la evaluación del desempeño de las políticas y programas públicos sea un elemento ausente del debate político.

Quienes resulten electos en los ámbitos Ejecutivo y Legislativo deberán comprometerse con la evaluación como eje sustancial del quehacer gubernamental y atender estrictamente el texto constitucional en el sentido de que los recursos se ejerzan bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, evaluando sistemáticamente los resultados de su gestión y presupuestando con base en esos resultados, a fin de lograr un círculo virtuoso de mejora permanente de la gestión pública.

James Madison decía: “Si todos los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos un gobierno. Y si los ángeles fueran los gobernantes, no necesitaríamos controles ni constituciones”. Pero la administración pública es susceptible de que sus acciones no sean necesariamente las mejores para la mayoría; incluso, cabe citar la falla de la regla de la mayoría simple estudiada por Kenneth Arrow y Duncan Black, en donde la mayor minoría suele ser la única beneficiada de las políticas gubernamentales. La función pública debe evitar la tentación de trabajar para sí o para minorías excluyentes, es necesaria la implementación de mecanismos de control que incluyan la evaluación del desempeño. Ante la pregunta obligada sobre cómo hacer más eficientes a las políticas públicas, la respuesta debe ser: a través de la consolidación de la evaluación.

Las administraciones públicas futuras deberán tomar al proceso de evaluación como parte sustancial de la gestión gubernamental, de su transparencia y rendición de cuentas, buscando que esta sea un instrumento para lograr la calidad en el gasto, que mejore el desempeño del aparato gubernamental y promueva políticas basadas en diagnósticos sólidos y evidencia palpable, bajo un arreglo institucional y un esfuerzo colectivo en el que el Estado y la sociedad civil organizada compartan la responsabilidad de la gestión gubernamental, dando paso a esquemas de corresponsabilidad como la llamada nueva gobernanza democrática.
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