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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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01 Agosto 2018 04:00:00
Contratos de obra pública
México, y Coahuila obviamente, requieren de una profunda regulación de inversión en obra pública, desde la planificación, la justificación, el promedio de gasto anual en esta materia, la medición de niveles de cumplimiento del programa de obra y esquemas de contratación que garanticen la transparencia y aplicación real del gasto en este rubro. Y habría que añadir la vigilancia en la asignación de contratos para erradicar las asignaciones “a modo”.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en México, los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que deriva en una discrepancia evidente entre lo presupuestado anualmente y lo ejercido en obra e infraestructura.

En un estudio realizado por el Imco, en el 2016 cinco entidades de la República excedieron su presupuesto en más del 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más del 50%, entre este último grupo está Coahuila.

El Índice Legal de Obra Pública que generó el Imco tiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios para regular el desarrollo de obra pública en los estados. Criterios como libre competencia y no hacer “trajes a la medida”; autorización de recursos para proyectos planeados y necesarios; compras sujetas a un procedimiento de auditoría; contemplar sanciones y aplicarlas contra quien o quienes incurran en actos ilegales durante el proceso, por ejemplo, de asignación de contrato, incluyendo a servidores públicos y particulares y claro está, procedimientos abiertos y bajo el esquema de máxima publicidad.

Uno de los estados evaluados fue Coahuila. Entre lo que el Imco llama “las malas prácticas” detectadas en la adquisición de obra, sobresale la falta del reglamento de la Ley de Obra estatal, lo que propicia una regulación poco eficiente en esta materia, evidenciando que tampoco se tiene un estudio del mercado previo al concurso de obra, ni se incorporan prácticas que generen competencia, por lo que sin leyes claras y completas, siempre habrá espacio para la discrecionalidad en la asignación de contratos en este tipo de inversiones que se hacen con dinero público.

Sin embargo, Coahuila tiene algunos avances, como el uso de medios electrónicos para desarrollar procedimientos, lo que favorece la transparencia, evita la interacción entre los que están concursando por la inversión y hace más sencillos los procesos de auditoría.

En resumen: urge mayor rigor en la planeación y asignación de contratos de obra pública en la entidad. Imco concluye la ficha técnica del análisis en Coahuila (2016), que prevalece la opacidad, la falta de documentos de soporte y el desfase entre lo presupuestado para infraestructura y la inversión asignada para este rubro.
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