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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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12 Septiembre 2018 04:00:00
Corrupción y derechos humanos
Hace unos días leía un apunte de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, que decía que “una política anticorrupción efectiva debe incorporar la perspectiva de derechos humanos. La corrupción no debe ser freno del ejercicio de los derechos que la propia Constitución contempla: educación, salud, seguridad, entre otros”.

En esta misma ruta, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, quien es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno, ha insistido en que las agendas de los sistemas locales impulsen políticas públicas relacionadas con la defensa de las garantías individuales.

Porque la corrupción hace que la vida sea más cara y merma la confianza del consumidor y la credibilidad de los inversionistas que deben pagar sumas de dinero para conseguir permisos de instalación en entidades de este país. Además, la corrupción agota los fondos públicos y destruye las expectativas de una sociedad justa.

La corrupción facilita otros delitos, incluyendo el tráfico ilegal de vida silvestre, el terrorismo, las desapariciones de personas o la falta de medicamentos en los hospitales evitando que quede plenamente garantizado el derecho a la salud.

De ahí que el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila iniciara una agenda en este sentido y junto a colectivos y grupos de la sociedad civil que han solicitado el acompañamiento ciudadano, buscar soluciones de fondo y no solamente sanciones a culpables, en un afán de lograr que el Estado implemente políticas públicas y mecanismos para revertir actos ilegales que eviten que los presupuestos lleguen a los hospitales públicos o que la inversión sea limitada en este sector, o bien incidir en la integración de los cuerpos policiacos estatales y municipales, en la designación de funcionarios del sistema judicial, o en una ruta que permita evitar que por intereses de particulares se afecte la flora y fauna en valles, ríos o zonas serranas del estado.

De este tema habla el Proyecto de Nación 2018-2024 que desplegará el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre y menciona que México tiene el mayor porcentaje en América Latina de personas que afirman que en el último año pagaron un soborno para acceder a servicios básicos y públicos de salud o seguridad, a un trámite oficial, para acceder a un programa de beneficio social o para la inscripción de un hijo en una escuela pública, porque de acuerdo con cifras de Transparencia Mexicana, 14 de cada 100 pesos del ingreso promedio anual de los hogares en el país se destina a pagos extraoficiales.

La corrupción y su afectación en rubros como los derechos humanos son altamente sensibles y es un tema delicado para la sociedad cuando se habla del abuso de autoridad en una corporación o de malas prácticas entre quienes deben garantizar la aplicación de la justicia en Coahuila.
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