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08 Septiembre 2018 04:00:00
De cómo llegamos a tanta injusticia
Por: Arturo Rodríguez García

La más reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dejado en evidencia una vez más que la militarización no es el mejor camino para resolver la profunda crisis de seguridad y, por el contrario, esta se agrava, porque quienes se supone fueron comisionados a hacer prevalecer la ley, la violan.

Desde finales de 2006, numerosos especialistas, defensores de derechos humanos y organismos multilaterales, dieron la alerta sobre los riesgos que entrañaba una estrategia de seguridad, basada en el uso de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, los gobiernos federal y estatales, defendieron su determinación, como en las últimas semanas ha dejado claro continuará, con el nuevo Gobierno.

El contexto de aquello es importante. Cuando los militares recibieron la orden de dejar los cuarteles para patrullar las ciudades, por la vía de una guerra irregular declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, la mayoría de nuestras ciudades, en Coahuila, eran remansos de paz, acaso perturbada eventualmente como parte de las purgas intestinas que organizaciones delictivas o delincuentes comunes, sostenían.

De repente, aquel año 2006 convulso, con movimientos sociales generalmente contestatarios a políticas y proyectos gubernamentales, amenazaron la normalidad en la construcción de permanencias en los espacios de poder para las elites que tradicionalmente, aun por la vía del PAN, mantenían sus cacicazgos.

Fue así como ese año inició con un proceso electoral complejo; el accidente en la Mina 8 Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 trabajadores y que coincidió con lo que terminaría interpretándose como un manotazo autoritario sobre la dirigencia del sindicato minero, heredado del hoy flamante senador, Napoleón Gómez Urrutia.

Siguió la represión brutal en las movilizaciones de San Salvador Atenco, Estado de México, que resultó en presos políticos, muertos y mujeres violadas y golpeadas por policías.

Lo del sindicato minero devino en las movilizaciones, paros y huelgas en zonas mineras y siderúrgicas de todo el país, particularmente, en Coahuila con el choque provocado entre trabajadores acereros que, no atinaban a definirse entre la rebeldía y la estabilidad en su relación con la patronal. El saldo de muerte y sangre se lo llevó Lázaro Cárdenas Michoacán.

Y para coronar el daño, seguiría el barrido represivo en el movimiento popular que Diego Enrique Osorno ha llamado la primera insurrección popular del siglo 21, en Oaxaca.

Poco podía hacer un Presidente cuyo triunfo fue ampliamente cuestionado y que enfrentaba movilizaciones por todo el país, por aquel sector de la población que los consideraba ilegítimo. Así que la única alternativa fue jugar la carta de la militarización, sumiendo al país en un baño de sangre.

Las víctimas directas de esa determinación son incuantificables. Familias enteras lloran a sus muertos, buscan a sus desaparecidos, padecen los estragos de la violencia que en muchos casos fueron producto de la arbitrariedad militar, quizás valga decirlo, no por maldad, sino hasta por simple impreparación en la tarea que les fue encomendada.

La recomendación emitida por la CNDH, refleja el fracaso de esa estrategia de seguridad que ahora tiende a mantenerse con el nuevo gobierno. También la realidad del clamor de las víctimas que, muy a pesar del discurso de pacificación en el perdón y la reconciliación, tienen razón en condicionar cualquier oferta del gobierno por iniciar, a que se haga justicia.

http://www.notassinpauta.com
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