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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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08 Mayo 2017 04:01:00
De Guatemala a Guatepeor
Uno de los propósitos de la reforma electoral de 2014 consistió en rescatar para la democracia los institutos locales electorales secuestrados por los gobernadores (del PRI, el PAN, el PRD y el Verde) en complicidad con los congresos locales, donde los diputados aprobaban sin chistar a consejeros nombrados previamente por el Mandatario en turno. Después del fraude de 1988, los cambios más audaces en materia comicial ocurrieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, los cuales posibilitaron la primera alternancia en Los Pinos, aceptada por el PRI de mala gana. El Instituto Nacional Electoral (INE) es hoy una caricatura del IFE del año 2000.

La reforma referida la forzó el desaseo de las elecciones presidenciales de 2012, de las cuales Peña Nieto resultó beneficiario. El gasto de su campaña excedió por mucho el tope legal; se repartieron tarjetas para la compra de votos y las grandes televisoras inclinaron la balanza en perjuicio de los aspirantes del PRD (Andrés Manuel López Obrador) y del PAN (Josefina Vázquez Mota). Aun así, el candidato del PRI y del Verde apenas consiguió el 38% de los votos. AMLO y Vázquez captaron juntos el 57%. En cuatro años y medio de Gobierno, Peña perdió más de dos tercios del apoyo obtenido en las urnas, pues solo 12% aprueba su gestión. (Reforma, encuesta de enero pasado)

El INE no ha recuperado la confianza de los mexicanos, pese a la reforma, acaso por la influencia de los partidos en su consejo general, pero sí eleva cada año su gasto en burocracia, sueldos, prestaciones y privilegios. A escala local, los órganos comiciales hicieron el tránsito de “Guatemala a Guatepeor” tan conocido en nuestro país. La desaparición de los institutos estatales y su reemplazo por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos consejeros nombró el INE –en teoría sin influencia de los gobernadores– devino nuevo capítulo de otra novela repetida en México hasta la saciedad “La misma gata, pero revolcada”.

El OPLE de Coahuila no es confiable ni garantiza unas elecciones auténticamente libres e imparciales, razón por la cual los principales candidatos de oposición (Guillermo Anaya, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, formada por el PAN, la UDC, Primero Coahuila y Encuentro Social; Armando Guadiana, de Morena; y el independiente Javier Guerrero) han pedido al INE atraer el proceso. Guerrero ya lo hizo formalmente el 29 de abril por una serie de elementos que prefiguran una elección de Estado.

Las elecciones de Coahuila merecen la atención del INE por sus características inéditas: alto grado de incertidumbre sobre el resultado, crispación social, campañas cuyos temas dominantes son la corrupción y la oferta de llevar a prisión a las figuras más relevantes del grupo en el poder, así como la posibilidad real de la primera alternancia. Existe un precedente cercano. En Durango, a menos de un mes de los comicios del año pasado, el INE removió a los directivos del OPLE y asumió el control del proceso, debido a los desacuerdos entre la presidencia y la estructura ejecutiva del organismo.

En el OPLE de Coahuila no hay discrepancias visibles entre la mayoría del consejo y los directores de área, sino un conveniente entendimiento, lo cual resultaría positivo para el desarrollo del proceso en condiciones normales. Sin embargo, existe algo peor: escepticismo social con respecto a su independencia y recelo de los candidatos de oposición sobre su aptitud y neutralidad en unas elecciones que pueden cambiar el curso de la historia.
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