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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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09 Febrero 2014 05:02:13
De lengua,  miles de tacos…
Cuando las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, crean vacíos por corrupción o ineptitud; cuando el discurso oficial, las promesas y “buenas intenciones” se agotan en el sendero de la retórica, entonces los pueblos, las sociedades crean códigos alternos de convivencia. El ejemplo más claro se vive hoy en Michoacán, donde narco, autodefensas, Gobierno y sociedad se han amalgamado de tal manera que forman parte de una misma estructura y nadie, con justicia,
puede atinar a establecer la línea que separa unos de otros.

Las redes del tejido social se forman en base a códigos legales, culturales y económicos que son fácilmente moldeables ante el vacío gubernamental y lo que hoy consideramos un cáncer, es la resulta de años, de décadas de “instituciones” omisas, permisivas, corruptas, ineficientes e indolentes que dejaron en los hechos que un mal cualquiera se convirtiera en parte estructural del entramado de la sociedad.

El mentado estado de derecho quedó reducido a expresión propia de discursos, pero nada más, especialmente cuando la ciudadanía entendió -ante el ejemplo cotidiano y evidente de las autoridades- que se puede navegar con mayor rapidez hacia cualquier lado apostando a “soluciones alternas” a las que marca la ley.

Hace un par de días, el presidente Peña dijo con aparente convicción que la reforma constitucional en materia de transparencia cerrará los espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública y lanzó una frase digna de análisis: “Pareciera inconsistente que México, teniendo un ordenamiento legal de mayor avanzada que tienen otros países con mayor transparencia, no se tenga la misma percepción entre la ciudadanía”.

Bueno, pues la respuesta al gran enigma no es otra que en esos otros países las leyes se cumplen y aquí simplemente reina la simulación y la impunidad. El gran problema de México no son sus ordenamientos jurídicos, sino el hecho de que no se cumplen y, además, que los ejemplos en donde aquellos obligados a hacerlos valer son los primeros en violentarlos, abundan.

La reforma recién promulgada ordena que todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos con información y cuentas claras a la ciudadanía para que ésta pueda evaluar a los funcionarios. Se dice que la transparencia fomentará que las autoridades se desempeñen con honestidad, responsabilidad y eficacia. Qué belleza, salvo un detalle: de igual
manera en que la sociedad construyó códigos alternos de convivencia ante el vacío de las autoridades, la clase gobernante creó los propios en los terrenos de la simulación y eso no cambiará por decreto de ley.

En el mejor de los escenarios y sólo si se obliga en los hechos y no sólo en el discurso a los gobernantes de los tres órdenes de gobierno a renunciar a la opacidad y se castigan severamente los excesos y las omisiones, tal vez en años se podrán modificar los códigos vigentes en nuestra clase política.

Mientras tanto, puros tacos de lengua, de esos que los ciudadanos ya estamos hartos.
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