×
Vicente Bello
Vicente Bello
ver +

" Comentar Imprimir
11 Agosto 2018 04:00:00
De lo que está hecho el proceso legislativo mexicano
Las dos cámaras del Congreso de la Unión tienen dos funciones esenciales: La función legislativa y la de control político.

La primera consiste en la construcción de las leyes a través del proceso legislativo. Un proceso que se desarrolla así: Presentación de iniciativa, revisión y dictamen, discusión y aprobación plenaria, refrendo de la otra Cámara y su envío al Ejecutivo Federal para que este la publique y entre en vigor.

En la presentación de iniciativas, diversas instituciones tienen la facultad de hacerlo: El Ejecutivo Federal, los mismos diputados y senadores, los Congresos estatales y, desde hace cinco años, también los ciudadanos tienen esa facultad, aunque, para ello, debe respaldarse con 100 mil firmas de ciudadanos, o, para mayor precisión, por el 0.13 por ciento del padrón electoral.

Cuando diputados y senadores construyeron la Ley Federal sobre Iniciativas Ciudadanas, en 2013, la mayoría conformada entonces por el PRI, PAN y PRD se cuidaron muy bien de hacerle la vida de cuadritos al ciudadano y le metieron candados a diestra y siniestra a esta nueva facultad ciudadana.

Impusieron como requisito la obligatoriedad de esa montaña de firmas, cuya
autentificación deberá el INE verificar; para esto, el Instituto Nacional Electoral tiene 30 días. Y si las firmas son falsas, entonces informará a la Cámara de Diputados diciendo que no cumple con los requisitos. Y va para atrás.

En cuanto a la presentación de iniciativas, el Ejecutivo Federal, es decir el presidente de la República, sumó por esas fechas una nueva facultad: La de la iniciativa preferente, que consiste en enviar a la Cámara federal que él lo desee o le convenga dos iniciativas al comienzo de cada periodo ordinario.

Tales iniciativas preferentes tendrán la virtud de poner a los diputados y senadores a trabajar con celeridad, para que dichas iniciativas con carácter de preferente sean aprobadas en un plazo no mayor de un mes.

Se apostilla en el artículo 71 constitucional: “Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.

Práctica legislativa ha sido en México que más del 70 por ciento de las iniciativas presentadas provengan del Ejecutivo Federal. El resto se lo reparten los diputados y senadores, así como los Congreso estatales. Y muy contadas son las ciudadanas, también llamadas iniciativa popular.

Hay iniciativas que están marcadas desde un principio para iniciar su periplo legislativo en una u otra cámaras. Por ejemplo: las que tienen que ver con lo fiscal y el presupuesto, comienza su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Y las que tienen que ver con la materia de política exterior, en el Senado de la República.

El resto, son turnadas a una u otra, dependiendo de dónde lo desee el proponente de dicha iniciativa o donde, a juicio de éste, vaya a tener políticamente un mejor empuje o resultado.

Con su presentación en tribuna (sea en tiempo de periodo ordinario o en tiempo de receso), se le turnará a la o a las comisiones ordinarias debidas.

Verbigracia: un asunto pecuario o ganadero irá a la comisión de agricultura o ganadería. O si uno deportivo, entonces a la comisión de deportes. O más todavía: si es iniciativa de reforma constitucional, se le turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la comisión alusiva al tema. Otro ejemplo: si es reforma constitucional en materia educativa –como la que ya anunciaron los de Morena para septiembre próximo-, se le turnará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación.

Sigue el proceso legislativo: en comisiones, los legisladores la revisan, la estudian y la dictaminan… aunque, claro, esto es en teoría, porque leyes de mucha carga política terminan siendo dictaminadas de acuerdo con el interés político o económico del grupo o poder fáctico que la promueve, sin que los integrantes de las comisiones de marras metan las manos, quienes terminan asumiendo el papel de peones o criados. O levantadedos.

Aprobado el dictamen en comisiones, es turnado al Pleno grande de la Cámara (el de los 500 legisladores en San Lázaro o el de los 128 en el Senado), para su primera y segunda lectura. En la segunda, se discute y vota. Y si se aprueba, se turna a la otra cámara federal para volver a su presentación, turno a comisiones, revisión con fines de dictamen, y envío al Pleno para su discusión y votación.

Y es entonces cuando, en caso de haber sido aprobada en ambas cámaras, el dictamen pasa a ser ley, y se le turna los ámbitos ejecutivos de la Secretaría de Gobernación para que la publique en el Diario Oficial de la Federación y pueda entonces entrar en vigor.

Este es el proceso legislativo mexicano. Un proceso bastante descuidado en México, precisamente porque muchas de esas aprobaciones solo se hicieron bajo línea política y pensando en favorecer el interés de grupos minoritarios poderosamente económicos. Y no pensando en el interés nacional.

Ejemplo de leyes por encargo de poderes fácticos son las llamadas reformas estructurales. Ninguna necesitó de aplicación de técnicas legislativas. Son hijas del verticalismo a ultranza del régimen que se acaba. (Continuará)
Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2