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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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03 Noviembre 2018 04:05:00
Déficit de justicia
La justicia penal y social está en deuda con las víctimas de la violencia y de los gobiernos que abusan del poder y en vez de crear condiciones de bienestar profundizan la impunidad y la pobreza. Existen luchas calladas y abiertas incluso en el ámbito político para revertir esa realidad. Espacio 4 (600) presenta en la sección de Luz y Sombras tres casos para la reflexión.

I

Enrique Busquets Casanova seguirá purgando su condena en el penal de Saltillo. En 2006, Busquets recibió una sentencia de 20 años por el asesinato del niño Carlos Muñoz Valdés de 12 años, cometido el 2 de enero de 1999, en Torreón. El pasado 23 de octubre, la jueza de ejecución Carlota Yadira Velásquez le negó al reo la remisión parcial de la pena y la libertad anticipada, por no cumplir con los requisitos mínimos para garantizar su reinserción social. El empresario lagunero Carlos Muñoz Franco, padre de la víctima, estuvo presente en las tres audiencias del caso. “Es importante este fallo para que la sociedad tenga certeza de la pena. El que la hace la paga. Y que la muerte de Carlitos no sea en vano, sobre todo para que el homicida no siga haciendo daño”, dijo Muñoz Franco, quien luchó para que el asesino de su hijo fuera detenido en España, a donde había huido. Aunque Busquets fue protegido por políticos y funcionarios, pudo más la voluntad de la familia Muñoz.

II

La represión contra los integrantes de la caravana de migrantes que atraviesa el país ha dejado mal paradas a las autoridades mexicanas. Pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo al menos dos semanas para diseñar un plan de contingencia desde la convocatoria que se hizo en las redes sociales, el 5 de octubre, en Honduras, la Secretaría de Gobernación se vio rebasada. La Segob trató de impedir el paso a los contingentes con bastonazos y con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos dejaron un muerto por un balazo de goma. El uso de un helicóptero de la Policía Federal que voló a baja altura para disuadir a quienes cruzaban el río Suchiate, que separa México de Guatemala, podría haber acabado en tragedia. Los oleajes generados podrían haber arrastrado a los migrantes hacia aguas profundas. Peor está el Presidente estadunidense, Donald Trump, que ha desplegado 5 mil 200 soldados en la frontera sur de su país para “esperar” a la caravana. Sombra para ambos gobiernos.

III

Malas noticias para los que esperan ver al presidente Enrique Peña Nieto entre rejas por actos de corrupción. El 29 de octubre, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión que frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el gobierno de Chihuahua contra el presidente y su Gabinete, durante su encargo o al término de este. La suspensión deriva de una controversia constitucional –primera en su tipo– presentada por Peña Nieto ante las advertencias de Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, de que lo llevaría a la cárcel una vez que termine su mandato. La medida protege al presidente y a su Gabinete de cualquier citación judicial, orden de aprehensión, presentación o arraigo respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con su gestión, bajo el argumento de que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local. Corral ha dicho que no se cruzará de brazos.
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