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Carmen Aristegui
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Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de programas de radio y televisión de amplia experiencia y reconocimiento en México.

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07 Julio 2017 04:00:00
Delitos de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional recibió el pasado 5 de julio otra solicitud –o comunicación, como le llaman– sobre asuntos relacionados con México y su larga noche de violencia, crímenes y violaciones graves a derechos humanos. En esta ocasión, como en las otras, se le pide a este organismo abrir “...un examen preliminar” sobre los graves crímenes cometidos en Coahuila entre 2009 y 2016.

El documento es robusto, riguroso y estremecedor. Un retrato arrancado de las peores cosas que le han pasado a Coahuila y botón de muestra del atroz universo de 200 mil asesinatos violentos y 32 mil desapariciones ocurridas en el país –según cifras conservadoras– en la última década.

De nuevo la Corte Penal Internacional tiene ante sí la posibilidad de hacer algo por México y traer a revisión un pedazo de esa realidad que nos muestra cómo se han trastocado, gravemente, las prácticas y controles democráticos ante poderes fácticos y formales y cómo se ha naufragado en regiones enteras con un Estado de derecho reducido a una mera entelequia.

La CPI quedó instalada en 2002 después de un largo proceso, iniciado en 1948, cuando las Naciones Unidas consideraron por vez primera la posibilidad de “...establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión”. En sus 15 años de existencia la CPI ha privilegiado casos que protagonizan, principalmente, los que llevan la piel oscura.

En su página oficial la CPI informa de cinco casos cerrados; dos relacionados con Kenya, dos con República del Congo y uno con Darfur. Tres casos con sentencias con propósitos de reparación y otros en fases diversas. En la lista de países con “examen preliminar” se encuentran Afganistán, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Iraq, Nigeria, Palestina, Camboya y Ucrania. Es en esta lista en la que se pide incluir a México.

El robusto documento presentado por la FIDH –Movimiento Mundial de los Derechos Humanos y cerca de un centenar de organizaciones mexicanas– está soportado en una impresionante tarea de investigación documental y testimonial de 500 casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Destaca la exposición sobre 73 expedientes y el énfasis en dos episodios escalofriantes: la matanza de Allende cometida por los Zetas en marzo de 2011 y la gestión de la cárcel de Piedras Negras, convertida entre 2008 y 2012 en centro de operaciones también de los Zetas.

El caso de Allende, documentado anteriormente por Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, bajo los auspicios de El Colegio de México y, de manera separada, por Diego Enrique Osorno y la premio Pulitzer Ginger Thompson, se refiere a la matanza cometida por los Zetas en la que se arrasó a un número indeterminado de personas (entre 60 y 300, según testimonios diversos) y de paso se destruyeron casas, comercios y edificaciones hasta convertirlo –como diría Dayán– en un Lídice Mexicano. La evidencia indica que “...no sólo el Municipio sino también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”. El horror instalado en Allende no sólo es responsabilidad de los criminales.

La cárcel de Piedras Negras fue convertida en centro de operaciones de los sanguinarios Zetas. Se estima que dentro del penal murieron por lo menos 150 personas. Sí, dentro del penal. Los cuerpos fueron disueltos ahí mismo en tambos llenos de ácido. Los testimonios señalan que los restos eran arrojados en un río en cuyas aguas se perdía cualquier tipo de rastro. El caso no sólo muestra cómo se desintegraban carne y huesos dentro de la cárcel, sino en el mismo tambo se diluía la razón misma del Estado.

La Corte Penal Internacional deberá decir si está entre sus atribuciones hacerse cargo o no de estos delitos atroces; delitos de lesa humanidad, para decirlo claro. Delitos sobre los cuales el Estado mexicano ha sido en extremo omiso y por lo cual decenas de organizaciones piden hoy la intervención de esta Corte que tiene, de nuevo, la palabra.
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