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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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14 Junio 2019 04:01:00
Democracia onerosa
El presidente López Obrador ha puesto en la mira a los organismos autónomos y a ello obedece la iniciativa de Morena para reformar el sistema comicial, uno de los más gravosos a escala internacional. Este año absorberá recursos por el orden de los 28 mil 700 millones de pesos, con apenas seis procesos estatales, los cuales se realizaron el 2 de junio; la concurrencia a las urnas fue paupérrima. De acuerdo con el periodista Eduardo Hucihm May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, el pastel se distribuirá de esta manera:

Instituto Nacional Electoral (INE), 10 mil 362 millones de pesos; prerrogativas a partidos, 5 mmdp; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2.5 mmdp; institutos locales electorales, 10.8 mmdp. (Reforma, 13.06.19). La suma de las dos primeras partidas es superior al presupuesto de la Fiscalía General de la República, cifrado en 15 mil 351 millones de pesos. Por cada peso asignado a la investigación y persecución de los delitos del fuero federal, los partidos recibirán uno.

Frente a la presión política y social por el desempeño de las autoridades electorales en los estados –apéndices de los gobernadores; Coahuila fue prueba flagrante durante el moreirato–, la reforma de 2014 amplió las facultades del INE. Ahora puede atraer procesos locales, y el consejo general designa a los consejeros de los institutos de cada entidad, denominados ahora Oples (Organismos Públicos Locales Electorales). El cambio de nombre, sin embargo, no modificó la realidad, pues los Oples siguen sometidos a la férula de los gobernadores.

Los grandes beneficiarios de la reforma del 14 fueron los partidos, pues además de recibir mayor financiamiento federal, los estados les otorgaron recursos adicionales. Baste un dato: al año siguiente de los cambios a la ley, tan solo el INE les entregó alrededor de 5 mil 200 millones de pesos, 32% más con respecto al ejercicio previo. Quizá ese haya sido el premio de Peña Nieto a los firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) por haber aprobado sus reformas, algunas de las cuales han sido canceladas por la aplanadora de Morena en el Congreso.

La propuesta de reducir las prerrogativas a los partidos en un 50% es plausible y seguramente será aprobada. Pues aparte de responder a un clamor nacional por el descrédito de las formaciones políticas y su falta de identificación con la ciudadanía, reflejada en altos índices de abstencionismo, el país nunca debió colmar de dinero a las burocracias partidarias. Menos ahora, cuando sectores como el de salud piden a voz en grito atención frente a los recortes indiscriminados de la cuarta transformación.

AMLO ha seguido la tendencia centralizadora de sus predecesores. En su caso, también para poner fin a la borrachera de poder de los gobernadores, iniciada con Fox, continuada con Calderón y exacerbada con Peña. En el tema de los Oples, ejemplos como el de Coahuila, en los comicios de 2017, orquestados por Rubén Moreira y vigilados por Fuerza Coahuila, su brazo represor, la idea de desaparecerlos no parece mala. Sin embargo, debería ser para mejorar el sistema electoral, no para convertirlo en un galimatías. Por cierto, ¿no pudo el Ople haber suspendido la construcción de su edificio de 82 millones de pesos, como hizo el INE con el suyo? El consejo del organismo estatal vive en Babia.
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