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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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10 Julio 2018 04:00:00
Derecho de piso
Un grupo de personas decidió juntar dinero para poner un restaurante en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Los primeros años fueron difíciles, como suele ocurrir con los nuevos negocios, pero los ingresos empezaron a mejorar recientemente.

La situación cambió de manera radical hace unos días. Ya tarde una noche, ocho personas se presentaron en el local pidiendo hablar con el gerente. “Le dijeron que eran de la Unión de Tepito –me dice uno de los socios– y que venían a pedir derecho de piso o bien a que dejáramos entrar a gente suya a trabajar ahí para vender droga y clonar tarjetas, lo que escogiéramos”. Tomaron fotos de los capitanes y algunos meseros, “uno de ellos enseñó una pistola que traía y les dijo que si no aceptábamos, los iban a rafaguear”.

Los dueños presentaron una denuncia ante las autoridades, pero lo único que lograron es que pusieran una patrulla en la calle. Esto no ha tranquilizado a los meseros, que se sintieron más nerviosos después de que se divulgó la información de la ejecución de un cadenero conocido como “Chepe”. La tarde del día siguiente de la extorsión, el negocio se vio obligado a cerrar sus puertas por falta de personal.

Los dueños consultaron con los operadores de otros restaurantes de la zona y encontraron que varios han sido extorsionados y que tres están pagando ya el derecho de piso. “Su recomendación fue que hiciéramos lo mismo, si queríamos seguir abiertos y seguros”. Los dueños de este restaurante piensan que prefieren cerrar a ceder a la extorsión, pero lamentan la pérdida de empleos y expresan frustración ante la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en la capital del país, donde supuestamente no tenía presencia.

No es esta la única ciudad en la que la extorsión ha proliferado ante la incapacidad o la desidia de las autoridades. Este pasado fin de semana, 12 personas fueron asesinadas en ataques armados a bares de la zona metropolitana de Monterrey. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Bernardo González, afirmó que los atentados podrían estar relacionados con el cobro de derecho de piso. En otros lugares del país, como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, esta forma de extorsión se ha convertido en un impuesto adicional al que no pueden escapar los pequeños y medianos negocios, o a veces ni siquiera los grandes: tanto Pepsi como Coca-Cola, recordemos, han dejado de operar en Ciudad Altamirano, Guerrero, por motivos de seguridad.

El país está viviendo los resultados de una estrategia equivocada en materia criminal. Los distintos órdenes de Gobierno gastan cada vez más dinero en programas asistencialistas que les permiten comprar votos y cada vez menos en las responsabilidades reales de gobierno, como la seguridad. Por eso, cuando hay amenazas de extorsión, no tienen capacidad de investigación para encontrar a los responsables y a lo mucho, colocan una patrulla enfrente del negocio amenazado.

Este pasado fin de semana, a ocho autos estacionados “les rompieron los cristales y les quitaron las cuatro llantas” en la colonia San José Insurgentes de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Los vecinos pidieron ayuda a la delegación, que les respondió que sólo hay una patrulla de vigilancia para la colonia, por lo que no se puede hacer nada.

La responsabilidad de cuidar a los ciudadanos es la más importante de cualquier gobierno, pero poco o nada ha importado a los gobernantes mexicanos. Les conviene más, por razones políticas, gastar el dinero del erario en otras cosas.

SENADORA DE EUA

Nestora Salgado recibió ya su constancia de mayoría como senadora, pero no ha renunciado a su nacionalidad estadunidense. Esto le impediría legalmente ocupar el escaño, aunque el Tribunal Electoral no puede actuar si no hay denuncia.
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