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Katia D'Artigues
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25 Octubre 2016 04:10:00
Derecho de réplica y autorregulación
Podría ser el próximo 7 de noviembre, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán someta a discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un dictamen controvertido. Es la acción de inconstitucionalidad que promovieron tanto el PRD (en tiempos de Agustín Basave) como Morena (siempre de Andrés Manuel López Obrador) sobre una ley que reglamenta el “derecho de réplica” a medios de comunicación. Un tema de libertad de expresión.

¿Qué es el derecho de réplica? Es cuando una persona puede responder a un medio de comunicación cuando algo de lo que publicó le parece que está mal, en pocas palabras. La ley que se publicó en noviembre de 2015 establecía, en su artículo 3, esto:

“Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio”.

Dayán —al menos eso dice una larga nota de EL UNIVERSAL que tuvo acceso al proyecto que no es público aún— estaría a favor de dar el derecho de réplica (en esta ley que reglamenta el Artículo 6 Constitucional) no sólo cuando se trate de “información inexacta o falsa”, sino con cualquier tipo de información… aunque con un candado: sólo se procedería y sancionaría cuando se publique información inexacta, falsa, que vejen o sea agraviante (que humillen, injurien a la persona en cuestión), tal y como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo interesante también de la resolución del ministro gira en que, en tiempos electorales —¿será que ya vislumbran cómo vienen las campañas presidenciales de 2018?— y cuando se trate de esto, las resoluciones en torno a información publicada, se tomarían en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Coincido con Jorge Islas en su artículo El derecho a decir la verdad publicado ayer en EL UNIVERSAL. Antes que leyes que pudiera parecer que atentan en materia de libertad de expresión, debemos pensar en mecanismos internos de autorregulación —no de censura previa— en los medios de comunicación, como lo han hecho Estados Unidos e Inglaterra. Incluso en común acuerdo entre autoridades, medios de comunicación y sociedad.

Sí, suena bien. Lo malo es que no lo hemos hecho como medios y me refiero a un esfuerzo gremial, contundente, más allá de esfuerzos de algunos en particular. Conozco hasta medios (no en el que escribo esto) que tienen un código de ética ejemplar que regula todo esto, pero no es un documento público. ¿Así cómo? Sin duda hace falta reforzar los mecanismos internos en materia de ética entre medios electrónicos, impresos y digitales.

Canal 22 cuenta con su propio Código Deontológico. En MVS, durante la etapa en que Carmen Aristegui encabezaba el noticiero matutino se creó la figura de ombudsman-defensor de la audiencia, figura que desapareció en agosto de 2015, después de los conflictos internos con la periodista.
Hay que aceptar que tenemos un atraso sustancial con respecto a otros países y que también tenemos que dar, y desde hace tiempo, un debate pendiente: cuáles son los límites, si los hay, con la libertad de expresión. Propongo uno: la frontera con otros derechos, sobre todo el de la no discriminación. Hay más.

Por citar un ejemplo, en el sitio de internet EthicNet se pueden consultar los 62 códigos de ética de 46 países europeos: http://ethicnet.uta.fi/

Ayer Guillermo Padrés faltó a la audiencia programada con la Comisión Anticorrupción del PAN, que preside Luis Felipe Bravo Mena. Vía una cartita expresó que no acudiría “so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos espurios”. Fíjese nomás.

Ayer la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador sufrió un tambaleo, una ligera abolladura. Algunos dirán que la bandera de “honestidad valiente” de Morena por estos días ondea a media asta.

EL UNIVERSAL dio a conocer una serie de llamadas telefónicas, donde César Yáñez, vocero y cercanísimo por muchos años de AMLO, solicita a autoridades de Puebla —al Fiscal estatal Víctor Carrancá, vía su secretario de Apoyo Técnico, Rodolfo Alducín— su intervención para la liberación de Dulce María Silva Hernández, su actual pareja.

Ella fue detenida el 10 de marzo pasado, por presuntamente realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de bienes, a Grupo Inmobiliario Verhome, encabezada por Edmundo Tiro Moranchel.

Silva Hernández habría sido una especie de prestanombres para que propiedades de Tiro Moranchel —detenido desde 2010— no fueran confiscadas por autoridades, ante las denuncias de personas defraudadas por esa inmobiliaria.

En los audios, Carlos Meza, quien sería abogado del senador poblano Manuel Bartlett, y quien fungió como intermediador con el Gobierno poblano, comenta con César la posibilidad —ojo, posibilidad— de un “cambio de fichas”: que AMLO dejara de madrear al Gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle, y así lograr la liberación de Dulce María. ¡Cómo!

—Van a cambiar una ficha pendeja porque usted no les raje la madre, pues está a toda madre.

Por lo entendido en la grabación, Barlett incluso fue quien habló con Diódoro Carrasco, actual secretario de Gobierno. Él no lo ha confirmado.

—Esa llamada que Barlett nunca hubiera hecho sino es por el Jefe tuyo, no la hubiera hecho nunca— le dice Meza a Yáñez.

En las grabaciones se infiere que se intentó llegar a un acuerdo para liberar a Dulce María vía el pago, supongo legal, de 10 millones de pesos. Yañez dice que AMLO lo regañó por no decirle antes del caso.
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