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Federico Muller
Federico Muller
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27 Julio 2018 04:00:00
¿Descentralización o desconcentración administrativa federal?
La aún propuesta de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cambiar de domicilio a las secretarías federales que actualmente se localizan en la Ciudad de México tiene la honrosa excepción de la Semar, Sedena, Gobernación y Relaciones Exteriores, cuya inamovilidad se debe a que el futuro mandatario las considera políticamente estratégicas y por tanto deben permanecer en el lugar en donde se encuentran, que las vinculará geográficamente con la vivienda del nuevo Presidente de la República. Sin embargo, el resto de las dependencias prestará sus servicios al público, en el corto y mediano plazo, fuera de la capital del país, al asentarse en diferentes estados.

A pesar de ser un proyecto no acabado, que requiere de más estudios para conocer sus costos y beneficios, la probable salida de burócratas ha generado expectación, crítica e incertidumbre en varios sectores, principalmente dos: los trabajadores federales que se verían inmersos en esos “obligados” cambios de residencia, así como los analistas políticos nacionales, quienes en su mayoría califican tal medida como una acción caricaturesca y de plena ocurrencia, que surgió de la percepción muy particular de algún asesor o amigo de AMLO que desconoce la historia de la administración pública en México.

Para los analistas consultados, la propuesta es muy costosa y poco efectiva para lo que pretende cumplir: la descentralización de la administración pública federal. La descentralización implica delegar presupuesto y funciones a las entidades federativas, particularmente en los sectores de salud, educación, vivienda, recursos naturales, entre otros, lo que se reflejaría en mejores servicios de hospitales, universidades, ecosistemas, que directa o indirectamente inciden en un mayor bienestar de la población.

Tal parece que la estrategia de mover las oficinas federales se vincula más a la desconcentración administrativa, para “liberar” a la Ciudad de México de miles de familias de burócratas que se trasladarían a la provincia y lograr un desahogo en la agitada vida urbana de la metrópoli. Se estima que el número de trabajadores federales asciende a 1.7 millones, de los cuales más de 70% tendría que abandonar la capital por razones de trabajo. Si a los desplazamientos de los trabajadores se le suman los familiares que los acompañarían, la cantidad rebasaría los 3 millones de personas, lo cual probablemente sí incida, al menos en el mediano plazo, en el descongestionamiento de las vías de comunicación capitalinas.

Por otro lado, durante su campaña política, López Obrador habló de la descentralización de la Administración federal, al afirmar que “los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida; tendrán crédito para vivienda; jubilaciones anticipadas; aumento salarial; permuta de plazas y otras garantías”. Pero para llevar a cabo lo anterior, ¿alcanzará el presupuesto de egresos, sin incrementar impuestos ni aumentar la deuda pública? Otro de los objetivos que tiene el próximo Gobierno federal, es que los cambios administrativos detonarán el crecimiento económico en las nuevas sedes con la llegada de las dependencias federales.

Las buenas intenciones anteriores, al calor de la efervescencia política de las campañas, pueden endulzar los oídos de los militantes y simpatizantes del partido. No obstante, la realidad puede resultar muy diferente a lo que se esperaba del discurso político. La economía de las ciudades puede depender de varios factores, entre ellos, el administrativo. Existen ejemplos de pequeñas economías urbanas que se sostienen por las universidades y tecnológicos que albergan, o por las oficinas gubernamentales que asientan, pero en sí la inversión privada y/o pública juega un papel preponderante en la multiplicación de las actividades productivas urbanas, lo que acelera su crecimiento.
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