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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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03 Abril 2016 05:06:44
Desconfianza
Si se desmorona la versión oficial, de seguro rodarán cabezas de funcionarios al más alto nivel, eso sería lo normal, pero no lo más importante, pues para entonces dos inocentes habrían sido acribillados por policías capacitados para saber cuándo, dónde y cómo intervenir en situaciones de riesgo; dos familias estarían destruidas y las autoridades habrían hecho parecer como peligrosos criminales a dos víctimas del momento, lugar y decisiones equivocadas. Otro “daño colateral”, según el lenguaje de la desorganizada guerra contra el narcotráfico que, si bien inició con el panismo de Felipe Calderón, está vigente, intacta, en el priismo de Enrique Peña Nieto.

Quien esto escribe es de la idea de que cuando las autoridades trabajan y dan resultados merecen la confianza de los ciudadanos, y en el combate a la inseguridad y a la violencia callejera lo hecho por el gobierno de Coahuila es ejemplo nacional. No es sólo una opinión: ya no hay tiroteos afuera de las escuelas o de los centros comerciales, la
percepción ciudadana sobre la seguridad está en ascenso, y como soporte estadístico están las mediciones frecuentes de los índices delictivos.

En el combate a la delincuencia organizada en Coahuila se han hecho buenas cosas: se eliminaron y prohibieron actividades comerciales y lúdicas que en teoría financiaban al crimen (deshuesaderos, casinos, sitios de venta clandestina de alcohol, entre otros), los pistoleros ya no presumen impunidad y se depuraron y profesionalizaron los cuerpos
de seguridad pública, pero todos esos méritos no hacen infalible a los agentes del Estado, quienes por lo tanto en cualquier momento se pueden equivocar.

El jueves pasado, a las 3:50 horas, policías de la recién creada Fuerza Coahuila “abatieron a dos personas que poco antes los agredieron con armas de fuego, luego de negarse a detener su vehículo para una revisión de rutina como parte de los operativos de prevención y vigilancia que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en todo el estado”,
señala el parte informativo de la Comisión Estatal de Seguridad.

Los agresores de los policías fueron identificados por las autoridades como José Luis León Zamarripa, de 21 años, y Yésica Valeria Preciado García, de 19. Al principio se informó que pasaron de largo un retén de Fuerza Coahuila sobre la carretera San Juan de Sabinas-Allende, pero el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, aseguró que los
patrulleros seguían a un Chevrolet Malibu blanco con placas FKC-97-16 tripulado por los jóvenes, desde el cual los atacaron a balazos con un rifle de asalto AR-15 y una subametralladora.
La sospecha de que los fallecidos fueron confundidos con delincuentes permanece entre familiares y amigos, y las autoridades estatales deberán hacer algo más que emitir declaraciones para convencer a los afectados y a la sociedad de que los agentes de Fuerza Coahuila efectivamente repelieron una agresión.

La versión oficial sostiene que los fallecidos dieron positivo a las pruebas periciales para conocer si dispararon armas de fuego, tenían en su poder los rifles de asalto y que los policías encontraron “latas” con droga en el interior del vehículo, pero cuántos casos existen en México donde los agentes del Estado siembran pruebas para inculpar a sus
víctimas y justificar situaciones de abuso de autoridad.

Hay que confiar en las autoridades, pero estas tienen la obligación de demostrar que hacen bien su trabajo.

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