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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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29 Diciembre 2017 04:04:00
Descrédito
Fue en el pasado mes de octubre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE, que pretendía regular la entrega de programas sociales durante un proceso electoral, esto a pesar de que se les advirtió que existe el riesgo de que los gobiernos condicionen o utilicen la entrega de dichos programas sociales como medio de pago en la compra de votos.

Con dicha acción el Tribunal Electoral empezaba a mostrar su verdadera cara, la cual desde entonces, y hasta hoy, no ha sido otra más que la de ser permisivos e impulsores de todo tipo de excesos en la próxima elección federal 2018, ya que este Tribunal insiste en liberar de cualquier normativa, tanto el límite, la procedencia y destino de los recursos económicos que se manejen en dicho proceso electoral.

Pero no sólo en materia de recursos económicos el máximo tribunal electoral es irresponsable, ya que en la misma fecha en que se permitió desestimar el uso de programas sociales como medio de coacción del voto también derogó otros dos reglamentos producidos en el seno del consejo general del INE, con los cuales los consejeros buscaban garantizar la equidad en la contienda electoral 2018, ya que prohibían actuaciones ilegales de funcionarios públicos en favor de un partido político en época electoral, así como la imposición de límites a la difusión de los informes de labores de los mismos en periodo electoral, para evitar con esto que los gobernantes, bajo el pretexto de rendir su informe de gobierno, hagan propaganda en favor de su partido para influir en la decisión del votante.

Es evidente que al Tribunal Electoral poco le importó que estos reglamentos emitidos por el INE fueran la consecuencia de la insensata omisión de los legisladores federales, para normar con precisión el Artículo 134 de la Constitución, el cual trata el uso de recursos económicos federales, de manera muy general, limitándose a ordenar que dichos recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, pero sin precisar la forma en que deberán vigilarse.

Así las cosas y en esa misma inercia antidemocrática, los magistrados del TEPJF, el miércoles pasado, eliminaron del reglamento de fiscalización, una prohibición que impide a candidatos y partidos políticos el reparto de tarjetas monedero durante la campaña electoral de 2018.

En la misma resolución, los magistrados legalizaron el uso de las tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones de este año, pese a que el INE insistió en incluir esta prohibición; pero esta y otras normas en el reglamento de fiscalización, fueron impugnadas por el mencionado partido político y sus aliados.

Con este último fallo y con la evidente falta de voluntad para evitar contiendas inequitativas, el Tribunal Electoral federal anunció de manera tácita que el proceso electoral más grande y costoso de la historia de nuestro país, con 3 mil 416 cargos en juego, se desarrollará en un contexto de crisis política, de descrédito, no sólo de los partidos políticos, sino que también de las autoridades electorales, y que, para desgracia de los mexicanos, serán estas mismas autoridades las que se encargarán de validarlas.
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