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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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27 Julio 2018 04:00:00
Desfalcado y sin dignidad
Hace días, otro grupo de abogados protestó en el despacho de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y es que sin duda el desfalco realizado desde el año 2014 al Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia del Poder Judicial de Coahuila sigue siendo la causa de las deficiencias en su funcionamiento y, por consecuencia, de las molestias. Este fondo tiene como objetivo principal la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura.

Para quien no lo sabía, el citado fondo en el 2014 tenía acumulada la cantidad de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, según la información dada por la Auditoría Superior del Estado, recurso que inexplicablemente fue desviado de su finalidad e invertido en una caja de ahorros que funcionaba como sociedad financiera popular (Sofipo) llamada Ficrea.

Sí, así como lo leyó. El recurso de este fondo de mejoramiento que se constituye principalmente con el producto de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a los gobernados en procesos penales y civiles, que es público y que es manejado por una entidad pública, fue sustraído de su fin en el año 2014 he invertido en una sociedad de ahorro, sin que a la fecha se haya esclarecido con puntualidad quiénes autorizaron dicha operación.

Por si lo anterior fuera poco absurdo o poco lamentable para la justicia coahuilense, meses después de haberse realizado esta ilegal transacción, en el mismo 2014, la CNBV anunció que intervendría a esta financiera Ficrea por sospechas del delito de lavado de dinero, lo que confirmó en 2015 y ordenó su liquidación; ante esto, sus accionistas decidieron desaparecer junto con el recurso de nuestro fondo para el mejoramiento de la justicia y con el recurso de muchos otros incautos, que al igual que nuestra justicia coahuilense, siguen echando de menos ese dinero.

Así pues, y desde entonces, las carencias en el sistema de justicia estatal son cada día más evidentes. Los problemas en los juzgados son muchos y de todo tipo, las audiencias en los juicios orales familiares y mercantiles se celebran en salas inadecuadas, muchas de ellas jamás fueron acondicionadas para esta nueva modalidad de juicios orales; pocos funcionarios atienden los procedimientos familiares y lidian día a día con una exagerada carga de trabajo; los acuerdos que no deben demorar más de 5 días, según la ley, llegan a tardar hasta dos meses en ser dictados, violentando con esto el principio de expeditez en la administración de justicia consagrado en el Artículo 17 constitucional.

Así mismo, la falta de capacitación al personal de los juzgados empieza a hacer mella en su desempeño. Los ciudadanos encuentran todos los días acuerdos faltos de compromiso y sensibilidad dictados por personal que carece de capacitación continua y que, sin embargo, conserva la obligación de resolver los problemas legales que afectan el patrimonio, la estabilidad emocional y familiar de los ciudadanos.

Sin duda, a la presidenta del Tribunal le urge recobrar la confianza de los ciudadanos y litigantes, aunque más urgente debiera ser el recuperar la dignidad del Poder Judicial de nuestro estado, ya que presidir un poder dedicado a impartir justicia, pero que lleva el estigma de haber sido descaradamente defraudado y sin responsables a la fecha, sin duda debe pesar más que los mismos millones de pesos faltantes.
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