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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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14 Febrero 2018 04:00:00
Dos mil caracteres y punto
La tendencia en la sociedad es exigir resultados en cualquier tarea. Ya sea en el gobierno, la academia o las empresas, en cualquier ámbito en el que las personas se desarrollan. Y eso es válido en una sociedad cada vez más informada.

En Coahuila, la administración pública se ubica frente a un reclamo permanente, donde temas como la seguridad pública y la prevención, detección y sanción de prácticas deshonestas son o, al menos, deben ser una prioridad.

En el Proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2017-2023, uno de los objetivos es la Integridad y el Buen Gobierno, un eje orientado mejorar la administración pública que se encuentra bajo el escrutinio generalizado y marcado por el activismo de grupos civiles durante los últimos años, en esta petición de la que comentaba al inicio de esta colaboración editorial.

“Una prioridad de la administración estatal es el combate a la corrupción desde una perspectiva integral que comprenda acciones preventivas y correctivas, aplicables a todas las partes involucradas en actos ilícitos. Se le dará debida atención a todos los actos de autoridad emanados del Sistema Estatal Anticorrupción”, agrega en unos de los párrafos del texto que se hizo público hace unos días.

Es interesante cuando se analiza a fondo, porque se habla incluso, de la revisión que se hará en la presentación de declaraciones patrimoniales o de conflicto de intereses de los servidores públicos, por ejemplo. Asunto que desde el Consejo Nacional, y como lo citaba alguno de los integrantes del Consejo Nacional del SNA, se viene impulsando en una demanda que incluye la plataforma nacional, con cambios específicos que sin duda, serán de largo alcance si se logran concretar los ajustes en el tenor que se ha comentado desde la escena nacional y local, o desde grupos organizados de la sociedad civil.

Otro punto interesante es la valoración de lo que llaman un “mapa de riesgo” en las administraciones públicas, para advertir y corregir áreas o trámites que faciliten o que propicien prácticas ilegales que es necesario hacer visibles, porque para expertos locales, estas acciones han normalizado entre la sociedad.

De ahí la importancia del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, que nace a partir de una iniciativa ciudadana nacional y desde el requerimiento social del control de los recursos públicos no solo en la entidad, sino en los 32 estados donde se viene desplegando un esquema similar al que ya opera en Coahuila.
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