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María del Carmen Maqueo Garza
María del Carmen Maqueo Garza
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Coahuilense, médico pediatra, apasionada de la palabra escrita. Desde 1975 ha sido columnista en diversos periódicos regionales. Bloguera a partir del 2010. Participa activamente en el Taller literario “Palabras al viento”. Tiene varios libros publicados. Inquieta por la problemática social, en particular la relativa a nuestros niños y jóvenes. Sus colaboraciones invitan a asumir que la resolución de esos problemas es tarea común para todos. Su blog: https://contraluzcoah.blogspot.com/

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14 Octubre 2018 04:00:00
El alto costo de la impunidad
En la trama de cualquier película norteamericana que trate sobre delincuentes, en el momento en que los protagonistas buscan escapar de la ley, planean huir hacia México. Nuestro amado país es el puerto al que acceden sin mayor problema, o en caso de que hubiere algún obstáculo, siempre hallarán la manera de sortearlo. El sistema nos ha llevado a proyectar al mundo la idea de que en México “todo se puede”.

Con tristeza debo reconocer que este concepto no está tan alejado de la realidad. La impunidad es el gancho al hígado que nos recetamos los mexicanos en el día a día, cada vez que nos topamos con noticias que anuncian que “por faltas al debido proceso” no se somete a juicio a un homicida confeso, o se deja en libertad a un gran estafador.

Alguna vez preguntaba a una abogada, que por mucho tiempo trabajó dentro del Poder Judicial, si aquello de proteger la identidad de los presuntos delincuentes obedece a una regulación de ley. Ella me indicaba que no (al menos para Coahuila) lo que vuelve absurdo entonces, que al delincuente se le cubran los ojos y no se publique su apellido, en tanto los datos de la víctima se exponen con sobrada abundancia: Fulanito de tal, que vive en las calles de tal esquina con tal, en la colonia tal… y además se publica la fotografía del afectado, incluso (en ocasiones) aun cuando este sea menor de edad.

Ante conductas así, los ciudadanos nos preguntamos de qué lado está la justicia en nuestro país, si acaso actúa para cobijar delincuentes a costa de someter a un riesgo aún mayor a las víctimas.

En Monterrey se colapsó una gran estructura, cobrando la vida de siete obreros de la construcción, conforme a lo registrado hasta el momento cuando esto escribo. Luego de ocurrido el accidente se puso al descubierto que esta constructora no tenía permiso para emprender la obra, que en un par de ocasiones se le había negado, pero aun así, seguía trabajando. Asombroso, habiendo casos en los que un ciudadano decide erigir una barda dentro de su propiedad, y antes de que acabe de levantar el primer castillo le cae la autoridad para verificar permisos de todo orden. En casos como el de Monterrey pareciera que comienza el “juego de la bolita”. Las autoridades dirán que los constructores actuaron sin acatar la suspensión decretada, suspicaces como somos, llegamos a suponer que haya existido un arreglo “en lo oscurito” entre autoridad y dueños de la constructora. Claro, ambas partes lo negarán. Y más delante aparecerán los presuntos responsables amparados (si es que aparecen, ahí tenemos el caso del Rebsamen). Y en que la bolita sube y baja, pasa el tiempo y se consolida la impunidad.

Queremos creer que el Gobierno de López Obrador busca mostrar una cara humana y que tendrá la sensibilidad para acercarse al ciudadano que cuenta con menos voz. Sin embargo hay momentos cuando yo en lo particular lo dudo, ya sucedió en el estado de San Luis Potosí, el rechazo que la ciudadanía mostró por el delegado estatal que AMLO pretende imponer, fue acallado con un “no me importa” por parte del presidente electo.

Cerramos con lo que ya hemos comentado en ocasiones previas. Resulta ocioso señalar con dedo flamígero irregularidades que ocurren más allá de nuestro entorno personal, si dicho señalamiento no se acompaña de acciones propias en la esfera inmediata. Cuando soborno a la autoridad; cuando consigo mediante un arreglo económico aquello que por norma no se puede. Cuando actúo anteponiendo mi beneficio personal a la aplicación general de la ley, sin tomar en cuenta las potenciales consecuencias, nada mejora.

El alto costo de la impunidad no sólo se mide en términos de pesos y centavos, sino en cuanto a respeto, dignidad y justicia social. Ahí está el cambio que queremos empezar a ver.
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