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Javier Villarreal Lozano
Javier Villarreal Lozano
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18 Marzo 2018 04:08:00
El antes sagrado hogar
Hay un viejo cuento británico que retrata a la perfección la celosa defensa que hacen de sus derechos individuales los hijos del Imperio Británico: “Habla un campesino muy pobre, casi miserable: ‘Mi casa es muy humilde. Cuando llueve, entra el agua. Cuando sopla el viento, entra el aire. Sí, a mi casa entran el agua y el aire, pero el rey no puede hacerlo si antes no le doy permiso’”. La defensa del espacio sagrado del hogar, la inviolabilidad del domicilio, ha sido una constante. En esto, como en otras reformas legales, los ingleses fueron pioneros. Se adelantaron más de un siglo a la Revolución Francesa en lo que hace a la defensa de los derechos del hombre.

Con base en experiencias en otros países, en México existía hasta hace poco el requisito de que un juez extendiera una orden de cateo, para permitir a cualquier autoridad entrar a un domicilio a realizar un registro. Sin embargo, por una controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia, ahora las fuerzas de seguridad pueden entrar y registrar un domicilio sin necesidad de solicitar al juez una orden. Sólo se requiere, según la SCJ, la presunción de un delito. Ya ocurridos los cateos –después de atole, dirían mis tías–, una autoridad competente juzgará si las razones que los motivaron eran válidas.

Aunque se trata de un campo donde es deseable que los especialistas emitan sus opiniones, el anuncio de esta medida produjo de inmediato un alud de reacciones en contra. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas cuestionó de inmediato la decisión de la Corte, al considerarla inadecuada, ya que, dijo, “rompe con nuestra tradición jurídica. Y si antes era una exigencia y había abusos, pues puede abrir la puerta para que se den más”.

Argumento incuestionable. Si se deja al criterio de los policías la necesidad de catear un domicilio, no se requiere de mucha imaginación para pensar en un crecimiento exponencial de los ya de por sí frecuentes e indignantes abusos de las fuerzas de seguridad pública.

La intensidad del rechazo fue tan firme, calificada y unánime, que la Suprema Corte realizó el jueves anterior una sesión para precisar puntos, que a juicio de los ministros no estaban del todo claros. Con ello lanza una mala señal a los ciudadanos, pues la falta de claridad –ambigüedad– de cualquier ley no solamente propicia interpretaciones a conveniencia de autoridades y particulares, también, en automático, prohijará abusos que ya se cometen sin necesidad del permiso de la Corte.

Como lo señalan órganos internacionales, México ocupa un pésimo lugar en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. También es cierto, y nadie podrá negarlo, que nuestro país enfrenta gigantescos problemas por la inseguridad imperante en numerosas regiones. Sin embargo, tampoco es posible negar que en muchas ciudades y municipios las policías no sólo conviven con la delincuencia, sino, lo que es el colmo, están a sus órdenes. Ante esta realidad resulta evidente que el problema no se resolverá vulnerando los derechos de los ciudadanos.

Esperemos que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definan con toda claridad, y en lenguaje comprensible para los legos, los alcances de la medida aprobada. Ya de por sí los ciudadanos tienen suficientes motivos para volverse suspicaces, y este es el momento menos propicio para alimentar su desconfianza en el Estado y las autoridades que lo representan.
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