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Rodolfo Villarreal Ríos
Rodolfo Villarreal Ríos
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Tras de servir por más de dos décadas al Estado Mexicano, en el rango de auxiliar de programación a director general en funciones, retornó a las aulas para obtener la maestría en historia (2008) y posteriormente convertirse, con la disertación “Independent Internationalism in Practice: Diplomatic Relations between The United States and Mexico from 1919 to 1929,” en el primer doctor en historia egresado de la Universidad de Montana-Missoula (2010). En esta institución ha impartido cursos sobre las relaciones México-Estados Unidos de América. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Guadalajara (1977); el diplomado en economía e inglés en The Economics Institute, Universidad de Colorado-Boulder (1981) y la maestría en economía en la Universidad de Colorado-Boulder (1983). Es autor del libro “El Senado estadunidense enjuicia a México y al Presidente Carranza,” editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) (2017). Como editorialista ha escrito más de 700 artículos sobre los tópicos de historia, economía, deportes, política y relaciones internacionales, los cuales han sido publicados en el Suplemento de Política Económica de la Revista Tiempo, en los diarios El Nacional de la Ciudad de México; Zócalo producido en el estado de Coahuila; Nuevo Día de Nogales Sonora, al igual que en la paginas electrónicas eldiariodetaxco.com y guerrerohabla.com originadas en Taxco, Guerrero; y todotexcoco.com generada en Texcoco, Estado de México. Asimismo, es coautor del artículo científico, “Living close to heavy traffic roads, air pollution, and dementia.” (The Lancet. 4 de enero de 2017)

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08 Julio 2017 04:00:00
El combate al fanatismo religioso con un remedo de credo durante la revolución francesa
Al conmemorarse, este 14 de julio, el aniversario número 228 del inicio de la Revolución Francesa nacida bajo el lema de “Liberté, Égalité, Fraternité,” algo que suele provocar que varios en nuestro país casi pierdan la respiración al pronunciarlo, decidimos irnos a buscar uno de esos escritos que tras haber cumplido el propósito para el cual fueron elaborados pasaron a guardar reposo en los archivos. Todos sabemos que la revuelta mencionada no fue todo lo exitosa que algunos insisten en creer. La iniciaron, en 1789, para terminar con el despotismo del Rey Luis XVI y la concluyeron coronando, en 1804, como monarca del Primer Imperio Francés a Napoleón Bonaparte, un acto con bendición incluida de Giovanni Angelo Braschi, el Papa Pío VI. Sin embargo, tal acercamiento gobernantes-iglesia no fue la constante durante aquel periodo caracterizado por la abundancia de hemoglobina la cual los revolucionarios franceses fueron muy dados a desparramar por su suelo patrio. En ese proceso de transformación, los beligerantes galos decidieron que era necesario terminar con el fanatismo religioso y para ello procedieron a crear una religión propia. Sobre esto comentaremos a continuación.

Es conveniente recordar que en Francia, la cristianización se consolidó durante el siglo XVI “cuando el catolicismo post-tridentino [el periodo en donde se da el florecimiento de las corrientes espirituales] intenta reafirmar su dominio y la iglesia busca elevar el nivel intelectual de sus sacerdotes construyendo seminarios a lo largo del país y estableciendo un esquema regular de visitas pastorales.” (Mona Ozouf. De-Christianization en A Critical Dictionary of the French Revolution.1989). Esto permitió que antes de que estallara la Revolución Francesa, el catolicismo fuera la religión dominante. “Esta era la religión de una nación que los papas llamaron ‘La Hija más antigua de la Iglesia’”. (A.

Aulard. Christianity and the French Revolution. 1927)
Conforme a lo apuntado por Aulard, en Francia, durante el siglo XVIII, el catolicismo floreció. Existían muy pocos quienes eran miembros de otras religiones o no practicaran ninguna. La Iglesia Católica era una entidad opulenta viviendo de su riqueza, mientras que el gobierno absolutista del Rey Luis XVI mostraba signos de decadencia derivada de su pereza y carácter débil. El rey era incapaz de manejar la crisis económica y el país estaba al borde de la bancarrota. Ante esta situación, Luis XVI “no tuvo otra alternativa sino llamar a los Estados Generales integrados por miembros de los tres estamentos [clero, nobleza y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio] en que se dividía la sociedad francesa, los cuales no se habían reunido desde 1614. El rey no fue lo suficientemente capaz, ni imaginativo para poder manejar la situación.” (Linda S. Frey and Marsha L. Frey. The French Revolution. 2004). Un elemento muy importante detrás de esta crisis fue el conflicto de clases. No fueron el hambre de la mayoría de la población, ni tampoco la distribución del ingreso inequitativa los elementos que detonaron la Revolución Francesa, la causa verdadera del estallido fue la lucha entre las clases altas, social y económicamente hablando. La aristocracia y el clero disfrutaban de los beneficios que el rey les otorgaba, mientras que la burguesía era dejada al margen a pesar de su poderío económico. Ahí subyacían las raíces que darían origen al árbol de la rebelión.

Cuando se inicia la revuelta en contra de la monarquía, los líderes del movimiento utilizan a los campesinos como una herramienta para iniciar la Revolución. Al final, la Asamblea estaba dominada por miembros de la burguesía quienes ejercían el liderazgo político, mientras el pueblo se enfrascaba en luchas callejeras. Esta situación permitió a los burgueses negociar la rendición del antiguo régimen. Al inicio de la Revolución Francesa, “los miembros de los tres estamentos, el clero menos vehemente que los otros dos, demandaban el fin del despotismo y por la instauración de una monarquía controlada.” (Francois Furet. Revolutionary France: 1770-1880. 1992). Entre los primeros pasos tomados por la Asamblea, destaca el instituir la Monarquía Constitucional, lo cual convierte al rey en una figura decorativa, misma que tarde o temprano está condenada a desaparecer institucional y físicamente. El objetivo principal de los revolucionarios era “la reconstrucción del cuerpo político basado en principios universales”. (Furet). En esta configuración estaba incluida una reforma que consideraba las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Aun cuando el antiguo régimen caminaba por los linderos de la destrucción, “la religión católica como tal no estaba amenazada por la mayoría revolucionaria de la Asamblea Constitucional”. (Furet) Lo que la asamblea buscaba era “regular, en nombre de la nación, las relaciones entre el clero y la autoridad laica, hacer que la iglesia actuara en armonía con las instituciones nuevas…el enfoque nada tenía que ver ni con la religión, ni con asuntos de teología”. (Alberth Mathiez, The French Revolution. 1927) En consecuencia, es un hecho innegable que “a partir de los Estados generales, los cuestionamientos acerca de la religión estuvieron también, cada vez más, enfocados hacia aspectos políticos. Una de las cosas que [valga la expresión], fueron revolucionarias de la Revolución fue que esta convirtió a la organización religiosa en un asunto de política pública”.

(Charles Tilly, The Vendée: A Sociological Analysis of the Counterrevolution of 1793. 1967). Sin embargo, en medio del conflicto cuando la Revolución estaba en el proceso de reconstruir el Estado, lo cual pasaba por reformar el papel que la iglesia jugaría en el futuro, “el clero, preocupado únicamente por conservar sus privilegios, cometió un error gravísimo al no considerar, ni presentar, algo que era imperativo tras la abolición de los diezmos, un plan constructivo para reformar las finanzas eclesiásticas”. (William Milligan Sloane, The French Revolution and Religious Reform. 1901) Como MathiE apuntaba, “la reorganización del estado necesariamente involucraba la reforma financiera de la iglesia, de la cual dependía la salvación del estado, pero hubiera sido un error si se hubieran preservado todas las prerrogativas de la iglesia”.

El 4 de agosto de 1789, los miembros de la Asamblea Constitutiva en Francia dieron inicio a la implantación de una serie de reformas sobre la constitución de la Iglesia Gala. “Primero abolieron el sistema y los derechos feudadles; posteriormente, suprimieron toda clase de diezmos, así como los cobros ocasionales que realizaban los clérigos en los pueblos; prohibieron que los annates, (recursos provenientes de los pagos que hacían los recipiendarios de servicios eclesiásticos a las autoridades ordinarias) fueran enviados a Roma; cancelaron los privilegios de los obispos, arzobispos y canónigos; al tiempo que prohibían obtener beneficios si su valor era mayor a tres mil francos”.

(Aullard). Las reacciones entre los miembros de la clerecía fueron mixtas.

Mientras que el Papa y el alto clero mostraban su disgusto, el clero bajo mostró su apoyo a las medidas. Pero, a pesar de que la Asamblea Constitutiva había declarado inicialmente el catolicismo como la religión de estado, las medidas dispuestas eran solamente las primeras en un serie larga que buscaba controlar a los miembros de la clerecía. El 19 de diciembre de 1789, se ordenó la venta de propiedades de la iglesia con valor de 400 millones de liras. Conforme la Revolución progresaba y los miembros de la Asamblea orientaban sus acciones más en concordancia con la Declaración de los Derechos del Hombre, la predominancia del catolicismo como el credo religioso oficial declinaba. Consecuentemente, diversas medidas fueron tomadas. Primero, “el 13 de febrero de 1790, todas las congregaciones y órdenes religiosas fueron suprimidas.” (Aular). Posteriormente, las diferencias entre la Iglesia y la Asamblea se ahondaron. “El 29 de marzo de 1790, siguiendo la asesoría del embajador francés, François-Joachim de Pierre de Bernis, el cardenal de Bernis, desleal a su mandato, el papa Pío VI condenó, en un consistorio secreto, la Declaración de los Derechos del Hombre”.

(Mathiez). De acuerdo al papa, dicho documento cuestionaba la autoridad de la iglesia, especialmente cuando señalaba que “la ley es la expresión de la determinación general… al igual que la afirmación de que todos los ciudadanos son elegibles para tomar parte en el proceso legislativo ya sea en persona o a través de sus representantes”. (Aullard).

Bajo la premisa de que la Revolución era cambio, vuelco e innovación, los revolucionarios franceses implantaron las medidas necesarias que, para algunos, eran consideradas como el inicio de la descristianización de la sociedad y, para otros, el retorno a los orígenes del cristianismo. Sin embargo, era imposible que este grupo de hombres, quienes firmemente “creían en un Ser Supremo distante convenientemente”, (R. R. Palmer, Twelve Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution. 1989) fueran a destruir del todo una religión en un país en donde la mayoría de la población era católica. Lo que hicieron fue empezar a construir una “religión” alternativa fundamentada en principios similares. El primer paso formal fue la proclamación, el 12 de julio de 1790, de la Constitución del Clero la cual se encontraba dividida en cuatro disposiciones.

En la primera, se abolía las instituciones preexistentes de arzobispados, obispados, prebendarios, canonjías, monasterios y abadías, sustituyendo diez distritos metropolitanos o arzobispados y ochenta y tres obispados”. (William Milligan Sloane, The French Revolution and Religious Reform. 1901). En síntesis, “esta era una reorganización de la división territorial de la Iglesia Francesa para adecuarla a las divisiones civiles nuevas”. (Tilly). La segunda disposición estaba relacionada con la institución y la forma de ordenar a los ministros de culto. Los electores de la asamblea departamental nominarían los candidatos a ocupar los cargos de obispos, mientras que aquellos pertenecientes a la asamblea distrital designarían a los clérigos encargados de las parroquias. La tercera disposición estaba relacionada con los salarios de los miembros de la curia y la cuarta establecía las reglas para la residencia de los sacerdotes, lo cual estaría supervisado y controlado por aquellos quienes ejercieran la autoridad en las municipalidades.

Un número importante de clérigos, especialmente en la región del Dauphiné, vieron esas reglas nuevas como “un retornos a las condiciones imperantes durante los primeros años de la Cristiandad. La Constitución, escribió el Abad Cazaneuve, tiende a revivir los días gloriosos de la iglesia primitiva al destruir dicha perspectiva emanada de los abusos introducidos por la superchería.” (Timothy Tackett, Priest and Parish in Eighteen Century France: A Social and Political Study of the Curés in a Diocese of Dauphiné. 1750-1791.

1977). Sin embargo, dicha perspectiva empezaría a cambiar pronto. El 27 de noviembre de 1790, se publicó un decreto mediante el cual las autoridades civiles demandaban que los clérigos en active, en un periodo no mayor a dos meses, “juraran la Constitución y consecuentemente la Constitución del Clero que se incluía en la misma”. (Furet). Los revolucionarios acaban de cometer un error mayúsculo al no considerar que hasta ese momento la amplia mayoría del clero bajo los apoyaba junto con sus medidas. A partir de ese momento, “la necesidad de tomar una postura absoluta y clara a favor o en contra de la Constitución Civil, colocaba al clero en un dilema agonizante.” (Tacket). El plan reducía la relación del papa con la iglesia a un término puramente mítico y convertía a los clérigos en servidores del Estado.

Para enero de 1791, solamente un tercio de los miembros de la Asamblea de los ministros eclesiásticos y siete obispos, principalmente aquellos sin diócesis, aceptaron tomar el juramento. A partir de ese momento, de acuerdo a la Asamblea, existían dos tipos de clérigos: Constitucionales y refractarios. Sin embargo, ante las reacciones negativas, se decidió reconsiderar la intransigencia y “autorizar que los clérigos refractarios permanecieran en sus parroquias hasta que se les encontrara un reemplazo”. (Mathiez).

El Sistema Nuevo había sido emitido sin que los diputados en Paris consultaran al papa, aun sin verlo y negociarlo con el clero francés. Esto fue, sin duda, la razón última por la cual muchos sacerdotes rechazaron jurar la Constitución, aun cuando en muchos aspectos la consideraban una mejora sobre lo dispuesto bajo el régimen antiguo. (Tackett). Adicionalmente, crecía el descontento entre la alta jerarquía eclesiástica, principalmente los obispos. “Muchos de esos obispos, que eran Émigrés, habían mostrado su hostilidad hacia la Revolución”. Supuestamente, aquellos obispos que abandonaron el país estaban conspirando, mientras que quienes permanecieron incitaban a la población civil a la guerra civil en medio de todo esto el Papa Pío VI no tomó ninguna postura oficial sino hasta marzo de 1791 cuando emitió el breve Quod Aliquantum, en el cual apuntaba que la Constitución negaba las creencias sagradas , abolia la mayoría de los servicios sacros (por ejemplo, los oficios corales de los monjes) y generaba calamidades, las cuales serían increíbles, si no era que ya habían sido experimentadas.

(Arthur Galton, Church and State in France: 1300-1907. 1907).

En ese momento, las reformas religiosas estaban fuera del control, de los revolucionarios. Existía una confrontación abierta entre el clero refractario y el constitucional, la cual fue agravada cuando el directorio del departamento de París “emitió, en abril de 1791, una ordenanza mediante la cual se organizaba el ministerio de los clérigos refractarios como un culto tolerado.” Los sacerdotes constitucionales protestaron arguyendo que después de declarasen partidarios de la Revolución, tan pronto como los problemas surgieron “fueron amenazados con despojarlos de sus derechos”. (Mathiez). Ante esto, los sacerdotes constitucionales dejaron de apoyar a Lafayette y su partido, y empezaron a ingresar a los clubes de Jacobinos. La disputa religiosa no solamente fortaleció al partido aristocrático sino que “también propició la formación del partido anticlerical que no existía previamente”. (Mathiez). Ante esto, los Jacobinos tomaron un papel muy active en atacar al catolicismo romano y proponer la sustitución de la Constitución Civil, así como la creación de una religión nacional. “También, se dieron mascaradas anticlericales, y virtualmente en todos lados hubo intentos para que se implantaran los rituales revolucionarios en sustitución de las ceremonias cristianas”. (Ozouf)
Cambon propuso finalizar los pagos de los gastos y estupendos para cualquier religión y sus miembros. Sin embargo, no fue sino hasta el 21 de febrero de 1795 (Tercero Ventosa del Año III) cuando se publicó un decreto que restauraba legalmente la libertad a la iglesia católica. Los puntos principales de tal decreto eran: Libertad de todas las religiones, la condena como culpables a todos aquellos que se opusieran o insultaran a quienes practicaran públicamente la religión. El estado no pagara más a ningún sacerdote o proveerá recursos para el mantenimiento de ningún edificio dedicado al culto. Se prohibían manifestaciones externas de ceremonias religiosas, hacer inscripciones o señalamientos llamando a asambleas, utilizar vestimentas religiosas y todas las re uniones de carácter religioso estarían bajo la supervisión política. También, se impondría un impuesto para el mantenimiento de la religión. (Aulard).

Después de esto, el catolicismo reapareció en toda Francia, ya no hubo distinción entre los clérigos y la razón volvió a prevalecer. El terror terminó, pero aun había muchos asuntos por resolver antes de que un Concordato se firmara, lo cual ocurrió años después. Mientras ello sucedía, la Iglesia y el Estado pudieron trabajas sin que uno tratar de hacer el trabajo del otro.

Los eventos mencionados en esta colaboración muestran lo que sucede, ayer y hoy, cuando el Estado y la Iglesia tratan de establecer la prevalencia del uno sobre el otro. Si bien Alexis de Tocqueville en “The Old Régime and the French Revolution” apuntaba que la “estabilidad del Estado y el mantenimiento de la ley y el orden…así como una comunidad civilizada no podían existir sin la presencia de la religión”. nosotros, no practicantes de religión alguna, apuntamos que ello puede ser parcialmente cierto. Somos firmes creyentes de que es necesaria la presencia de un Estado fuerte capaz de establecer los límites dentro de los cuales las religiones pueden operar sin interferir con las funciones de gobierno.

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