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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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30 Abril 2019 04:06:00
El ‘competidor’ en los negocios de Aguillón, que también es Aguillón
El domingo pasado en este mismo espacio, quien esto escribe reveló que gracias a 30 asignaciones de contratos, consumadas entre 2012 y 2018, el DIF Coahuila desembolsó 647 millones mil 792 pesos a Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David, el exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López.

Pero Gabriel, el otro hermano del “exitoso” proveedor de “despensas saludables”, desayunos fríos y calientes, es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado desde 2008, y Carlos Mauricio, un hermano más vinculado al erario, es servidor público en la presente Administración Fiscal General.

Se dijo aquí que, gobierne quien gobierne, sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Sin embargo hay un hecho curioso: las licitaciones donde concursa la empresa de Aguillón Rosales, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., se distinguen porque muchas veces “compite” contra ella otra persona moral denominada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., que básicamente factura los mismos insumos al DIF Coahuila (desayunos fríos, calientes, y “despensas saludables”).

El asunto, sistemáticamente, se vuelve cosa de dos. O gana uno, o gana el otro. Pero nadie más alcanza rebanada del pastel. Se trata de un redituable duopolio que absorbe todo el dinero público en esa partida durante los últimos siete años. No dejan ir un solo peso.

Y aquí viene lo interesante. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Hugo Armando Aguillón Rosales también es representante y delegado especial de la mencionada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., sociedad constituida en 2008, que aumentó su capital social en 2013, ya que cuenta con el 66% de las acciones como consta en la escritura 25, folio 5564, en poder de quien esto escribe.

De igual forma es suya, pues. El 34% restante pertenece, al menos en el papel, a Juan Antonio Alvarado Jiménez, de Monclova, Coahuila, quien funge como gerente general de la misma, pone su firma en todas las transacciones y presta el domicilio fiscal.

Para dimensionar los alcances del negocio: Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. facturó al DIF Coahuila 4 millones 166 mil 96 pesos en 2012; 37 millones 980 mil 920, en 2013; 40 millones 651 mil 284, en 2014; 48 millones 270 mil 049, en 2015, y 10 millones 638 mil 277 pesos, en 2016.

Así se agenció 141 millones 706 mil 626 pesos en cinco años. Proporcionalmente, según su acta constitutiva como sociedad mercantil, del total, 93 millones 526 mil 373 corresponderían a Hugo Armando Aguillón Rosales, y 48 millones 180 mil 253 a Juan Antonio Alvarado Jiménez.

Ahora bien, aunque al 10 de abril de 2019 mantiene su vigencia en el padrón de proveedores y contratistas de Gobierno del Estado en la especialidad “compra-venta de alimentos perecederos y no perecederos”, no hay registro de más transacciones a su nombre de 2017 a la fecha.

Ni las necesita. Mientras Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. obtuvo 647 millones mil 792 pesos, Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. otros 141 millones 706 mil 626 pesos producto de 10 contratos.

Entre ambas suman 794 millones 708 mil 418 pesos.

CORTITA Y AL PIE

Los Aguillón, se ha dicho aquí, son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. Y ahora también su propio competidor.

Repito la pregunta: ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (Auditoría Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas) cuyo “funcionamiento” –o disfuncionalidad, según se vea– absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

¿Para quién gobiernan en realidad los que gobiernan?


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿qué mafia de dimensiones incalculables está incrustada en la médula de la administración estatal ordeñando las finanzas?
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