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Federico Muller
Federico Muller
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27 Abril 2018 04:00:00
El Consejo Fiscal Independiente
Una de las herencias financieras, nada envidiable, que dejó el actual canciller Luis Videgaray cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda fue la creciente deuda pública del país. Al término del sexenio del presidente Felipe Calderón (2012), los pasivos ascendían a 5.4 billones de pesos, mientras al final de 2017 llegaban a 10.8 billones de pesos, cuyo monto generaba un pago de 533 mil 351 millones de pesos tan sólo por el servicio de la deuda o pago de intereses (Fuente: SHCP). Desde la perspectiva del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda pública en 2012 representaba alrededor de 33% del PIB; en cambio, para 2017 se incrementaba a 48% con respecto a ese indicador económico.

El gasto y la inversión pública. Si se revisan las cifras de la inversión gubernamental en obra pública de enero a noviembre de 2017, esta alcanzaba los 518 mil 859 millones de pesos, y todo apunta para que al final del año las variaciones que tenga sean mínimas y se convierta en la más precaria desde 2010. Se evidencia porque el Gobierno bajó drásticamente su tasa de participación en la economía, a través de la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, presas, hidroeléctricas y un largo etcétera. El costo de la deuda pública pagado en 2017 fue superior a la inversión. Luego, entonces, pueden surgir algunas preguntas del perspicaz lector de este artículo: ¿qué partidas del presupuesto se financiaban con los recursos provenientes de los préstamos? Y de los más de 4.8 billones de pesos que conformaban el gasto gubernamental aprobado por la Cámara de Diputados para 2017, ¿qué porcentaje representaban los fondos destinados a la infraestructura y equipamiento público?

Es muy probable que la mayoría de los recursos fiscales recaudados y aquellos solicitados vía préstamos (externos y domésticos) que manejaba el Gobierno hayan sido absorbidos por el gasto corriente y el pago de la deuda, incluyendo la banca de desarrollo y los pasivos de las paraestatales (Pemex y CFE). Aunque, también vale la pena decirlo, en 2017 se logró un superávit primario (ingresos menos gastos, sin incluir el monto de los intereses) equivalente a 1.4% del PIB, superávit financiero que pudiera explicar la caída de la inversión pública en el país.

El Consejo Fiscal Independiente. A pesar de la existencia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determina el uso que se le debe dar a los recursos que el Gobierno obtiene por los créditos obtenidos y de los organismos de auditoría y de estudios financieros dependientes de la Congreso de la Unión, que de alguna forma intervienen en el cumplimiento de la disciplina fiscal, desde hace algún tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno que instituya el Consejo Fiscal Independiente, que entre otras funciones tendría la de consolidar la estructura fiscal del país, de la que derivan las políticas que formula la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tal Consejo estaría conformado por personajes que no pertenezcan a ningún partido político, expertos en el tema, que tengan las capacidades técnicas para evaluar las políticas fiscales y supervisar el apego y cumplimiento de las partidas de egresos presupuestadas; no obstante, algunos funcionarios de la propia SHCP se han opuesto a la propuesta del FMI porque la consideran como una proposición que coarta la autonomía del propio Gobierno en materia fiscal. En otros términos, sería como privatizar una parte de las funciones de la SHCP. No obstante, convendría repensar esa propuesta dados los cambios que se pueden presentar en política fiscal con el cambio de sexenio ya en puerta, y que se caiga de manera irresponsable en el déficit fiscal.
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