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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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17 Agosto 2018 04:00:00
El conveniente Derecho Adquirido
¿A quién no le ha pasado que algún amigo, vecino, pariente o hasta un desconocido, obtiene de ti favores comúnmente, y que el día en que deja de hacerlo el malo eres tú?

Pues bien, este tipo de comportamiento tan común en nuestra sociedad, es conocido como “síndrome del derecho ganado”, el cual implica que cuando las personas reciben de manera constante algún favor o alguna prestación, de parte de quien sea, empiezan a considerar que dicha ayuda, es ahora un derecho ganado, por lo que su cumplimiento puede ser exigible en cualquier vía.

En nuestra ley, esto también sucede y se le ha denominado como: el Derecho Adquirido, el cual se puede definir como el acto realizado que introduce o que gana un provecho, un bien o una facultad al patrimonio de una persona, por causa de la costumbre, benevolencia o del error de otro, por lo que ese hecho luego no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

Así pues, y por increíble que parezca, este derecho adquirido es ahora el principal fundamento utilizado por los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no reducir sus salarios, los cuales son por demás injustos y escandalosos, ya que rondan entre los 600 y 700 mil pesos mensuales, entre otras prestaciones que ahora dicen se han ganado conforme a esta figura jurídica.

Este alegato de los juzgadores, no es más que la evidencia misma de que para ellos la ley es solo una cuestión de mera utilidad, ya que en los últimos años se han dedicado a alejar del derecho a la justicia, esto con sus resoluciones a modo que han llevado a legitimar los abusos del Infonavit, de los agiotistas, de las hipotecarias, de los gobiernos corruptos y hasta de los miembros de la delincuencia, tal como sucedió con aquella ilustre resolución que puso en libertad a la secuestradora Florence Cassez.

Pero, no vayamos tan lejos en materia de conveniencia en la interpretación de la ley de estos ministros tan abusados, ya que hace algunos meses sancionaron los nuevos estatutos que regirán las relaciones colectivas de los maestros, electricistas y petroleros, en los cuales no dieron ningún valor al ahora proclamado Derecho Adquirido y declararon como válida la cláusula fulminante que dichos estatutos contemplan y que a la letra dice: “el convenio colectivo que sucede a uno anterior, puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En dicho supuesto se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio”.

Es decir, para ellos, en la sucesión de convenios no hay base legal para respetar necesariamente lo pactado en el contrato colectivo anterior. En principio, porque el último convenio deroga en su integridad el anterior y la consecuencia de ello es que no hay derechos adquiridos o condiciones más beneficiosas. Y ni siquiera es obstáculo para ello que la Constitución garantice “la irretroactividad de las disposiciones… restrictivas de derechos individuales”, pues esta regla, según el Tribunal Constitucional, concierne sólo a las leyes sancionadoras no favorables es decir, penales, y a las restrictivas de derechos individuales.

Así pues esa supuesta irreductibilidad legal de sus salarios no existe y lo único que la sostiene es el carecer de la solvencia moral, la cual evidentemente, es lo único que no han adquirido.
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