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Federico Muller
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08 Septiembre 2017 04:00:00
El costo de las elecciones
Hablar de la democracia en México, sobre todo en el sector académico universitario, desata opiniones críticas hacia el sistema político, particularmente al Congreso de la Unión por la autorización de leyes que hacen de la misma una práctica muy onerosa para la sociedad. Cada voto que se emite tiene un costo elevado, si se considera el precario contexto socioeconómico del país. Tal parece que la democracia es un lujo que todavía no se ve reflejado en la elección de buenos políticos, que ejerzan el poder con probidad y eficiencia; y aún más lejano se ve en el horizonte que esta práctica, heredada de los griegos, influya en un mayor bienestar social.

En 2012, el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció un presupuesto de 15 mil 953 millones de pesos, y para los próximos comicios de 2018 está solicitando la “módica cantidad” de 25 mil millones, es decir, un incremento de 66% en un periodo de seis años. De ese presupuesto, a los partidos políticos y candidatos independientes les corresponden 6 mil 788 millones. No obstante lo anterior, por las características históricas de la sociedad mexicana, los juicios que se hagan sobre el comportamiento presupuestal del INE no deben limitarse al pasado reciente y al presente, sino contemplar los antecedentes culturales y políticos del pueblo.

De esta manera, se puede decir que  la democracia en México inicia cuando los ciudadanos se hacen cargo de las elecciones, que es a partir de 1994, lo que significa para cualquier país del mundo un tiempo relativamente corto; y en el caso nuestro, sin la custodia o intervención del Gobierno, algo relevante si se considera que el país pasó por varios gobiernos dictatoriales como los de Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz (Fuente: El Costo de la Democracia en México. CESOP). Pero apartándose de los antecedentes históricos, el INE justifica el aumento en el presupuesto en el bono demográfico que se está dando, pues miles de jóvenes adquieren la mayoría de edad y están listos para emitir su voto, lo que implica ampliar la infraestructura y el equipamiento electoral, además de que en 2018 se llevarán a cabo comicios en 30 entidades y además se renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

Otro de los factores que encarecen el costo de las elecciones es que la ley margina el financiamiento particular a los partidos políticos para realizar sus programas y campañas electorales, es decir, los recursos deben ser preponderantemente públicos. Esto ha ocasionado una gran magnitud de los gastos en las campañas políticas, que sobrepasan lo autorizado por el INE, y que se usen indiscriminadamente recursos del erario estatales y federal, desviando incluso recursos destinados a programas sociales. Además, el financiamiento público de los procesos electorales no necesariamente se respeta, pues en los hechos se recurre a particulares, quienes aportan dinero a las campañas creando compromisos con los candidatos ganadores, que posteriormente tienen que ser cumplidos a través de diferentes formas, como contratos de obras y colocación de personas en determinados puestos públicos.

En conclusión, se puede decir que el costo de las elecciones en México es oneroso si se compara con el de otras naciones, pero por las características propias del país se podría justificar, siempre y cuando los partidos políticos se ciñeran a las leyes establecidas mediante una fiscalización adecuada por parte de las instancias correspondientes.
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