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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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28 Enero 2018 04:09:00
El derecho fundamental al desarrollo sustentable
Las noticias proliferan: inundaciones graves en lugares donde no habían ocurrido, debido a las inusitadas lluvias; sequías en cuencas que en otro tiempo fueron de fértiles tierras; tsunamis y terremotos por todos lados, cada vez más intensos.

El calentamiento global es un hecho cuyas consecuencias ya nos alcanzaron, y no viene mal recordar que no fue sino hasta finales del siglo 20 que el mundo cobró conciencia de que la explotación intensiva y despiadada de los recursos naturales, la producción de sustancias que resultaron nocivas y algunas otras causas convergentes, estaban causando –como lo siguen haciendo– daños irreparables al medio ambiente. Fue la realidad, y no la convicción, la que hizo llegar hasta la ONU la preocupación por resolver la contradicción entre las necesidades de insumos para el desarrollo económico y la de preservar la biodiversidad en el mundo.

El 16 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al término de la cual se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que entre otras cosas reconoce y proclama que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente”.

En ella se afirma, con razón, que “el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por eso reconoce también que la protección y mejoramiento del medio ambiente es un derecho fundamental de los seres humanos y que se ha vuelto un asunto de atención urgente que tiene por contrapartida el deber de todos los gobiernos de aplicar las medidas necesarias a fin de revertir el proceso del deterioro y proveer, en cambio, a la recuperación medioambiental y de la biodiversidad.

Frente a esa emergencia –la situación había llegado a ser crítica– la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó, en 1984, a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a fin de que estableciera una agenda global para el cambio, y fue en 1987 que esa comisión emitió su reporte, en el que se hace énfasis en la pretensión de encontrar vías para crecer económicamente, diseñando e instrumentando políticas públicas que no sólo dieran pie al mantenimiento y conservación de los recursos ambientales, sino también a su expansión.
Tras estudiar diversos modelos de desarrollo y constatar que por regla general conducían a generar pobreza y degradación ambiental, propuso buscar la manera de instrumentar un modelo que se basara en un nuevo concepto de desarrollo, al que denominó “desarrollo sustentable” y definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

El “futuro común” al que desde el informe se aspira depende, según detectó la comisión, de acciones políticas vigorosas y generalizadas, capaces de impulsar un más adecuado manejo de los recursos ambientales, para garantizar un progreso humano sostenible que fuera, al mismo tiempo, apto para garantizar la supervivencia del ser humano en la tierra.

A pesar del avance que representa en sí mismo el hecho de considerar la urgencia de atender coordinadamente el problema, las medidas, públicas y privadas, necesarias para remediarlo no se ven próximas, con suficiencia, en el horizonte de la acción concertada que debe nutrir la eficacia de toda política pública.
¿Se verán adoptadas dichas medidas a tiempo, así sea por puro instinto de supervivencia?
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