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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Primera Senadora de Mayoría Relativa en la historia de Coahuila

Nació en Monclova, Coahuila. Es Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1984) y actualmente es Senadora de la República representante del Estado de Coahuila en la LXII y LXIII Legislatura (2012-2018).

COMISIONES EN EL SENADO:

• Comisión Especial de Cambio Climático, (Presidenta).
• Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Secretaria).
• Comisión de Recursos Hidráulicos, (Secretaria).
• Comisión de Agricultura y Ganadería, (Integrante).
• Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, (Integrante).
• Coordinadora de Globe México.
• Parlamento Latinoamericano de las comisiones de Medio Ambiente y Turismo.

RESPONSABILIDADES ANTERIORES

• Delegada Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA (2008–2011)
• Diputada del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, en la LVII Legislatura (2006–2009).
• Subdelegada de PROFEPA (2005)∫
• Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario de la Presidencia Municipal de Monclova, Coahuila (1997-1999)
• Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste de la SEMARNAT.
• Coordinadora region centro del Edo de la SEMARNAT (2003-2004)

Otras Actividades

• Miembro de la Comision Permanente del CEN del PAN (Comité Ejecutivo Nacional)
• Consejera Nacional PAN
• Vicecoordinadora Administrativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
• Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Biólogos A.C.

Ubicación en el Senado: Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo Piso 05 Oficina 32, Colonia Tabacalera . Cp. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México D. F.
Teléfono: 53-45-30-00 Ext.: 3337, 3446
Correo Electrónico: [email protected]
Facebook: Silvia Garza Twitter: @Silvia_Garza Instagram: silvia_garzag

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06 Mayo 2018 04:00:00
Desarrollo sostenible como centro de políticas públicas
En el marco de la activa participación social para asegurar que el desarrollo sostenible se ubique en el centro de las políticas públicas, en días pasados tuve el gusto de conversar con expertos del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De manera muy generosa, los expertos compartieron conmigo las conclusiones del documento “Agenda ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas”, fruto de la colaboración de académicos de diversas ramas del conocimiento, con miras a incentivar una discusión que enriquezca las plataformas electorales.

El texto aborda ocho temas fundamentales: 1) Problemática y política del agua; 2) Las condiciones de la biodiversidad; 3) Los bosques de México; 4) La transición energética; 5) Perspectivas sobre los mares y costas de México; 6) Política pública sobre minería, medio ambiente y soberanía nacional; 7) Agricultura, alimentación y suelos; 8) La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente.

Todos y cada uno de estos temas requieren atención urgente, con una visión transversal y de largo plazo. Desafortunadamente, como lo he señalado en diversos foros, si bien el desarrollo sostenible en México se menciona en numerosos discursos y es parte fundamental de las políticas públicas, los hechos nos demuestran que tales discursos no se apegan a la realidad. Muestra de ello es que en nuestro país el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a temas ambientales pasó de 0.8% a 0.4% de 2015 a 2018.

En tal contexto, el estudio del SUSMAI brinda un diagnóstico contundente respecto a los ocho temas ambientales considerados, en particular las diversas fallas institucionales que han contribuido a acrecentar esta problemática, entre ellas: “1) La concentración extrema de capacidades y recursos en algunas instituciones del Gobierno federal; 2) La ausencia o insuficiente participación ciudadana, que cuando se presenta es limitada y carece de capacidades vinculantes; 3) La insuficiencia, incluso la ausencia de información pertinente sobre las condiciones de los sistemas naturales y los impactos de las actividades productivas que los afectan en mayor medida (minería, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, crecimiento inmobiliario y turístico desmedidos, expansión agro-industrial) y la opacidad de la información existente; 4) La sectorialización, falta de transversalidad, y carácter secundario y postergable de los problemas ambientales en la política pública, así como su subordinación y sacrificio frente a la política económica con visión de corto plazo; 5) La marcada desigualdad en el acceso a los beneficios y la carga de los costos ambientales que imperan en el tratamiento de los problemas ambientales, y que se han convertido en fuente de conflictos cada vez más numerosos.”

Es nuestro deber, más allá de las banderas y colores partidistas, hacer un frente común ante la problemática ambiental, en donde los sectores gubernamental, académico, privado y social interactúen estrechamente, de manera coordinada e integral.

En esta línea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 17: “Alianzas para lograr los Objetivos” señala expresamente que los Estados deben alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las dichas asociaciones.

En el mismo sentido, el Sr. Ban Ki –Moon, exsecretario general de Naciones Unidas, señaló en 2015 que: “Para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles”.

Por las razones anteriores, es indispensable que el desarrollo sostenible se ubique en el centro de las políticas públicas. Esta idea implica que en el corazón de los planes y programas nacionales se integre una visión de desarrollo que permita lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, sin comprometer las oportunidades y necesidades de las generaciones futuras.

Si bien el desarrollo sostenible busca el equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales, es evidente que las agendas de estos sectores han avanzado de manera separada y en ocasiones hasta
contradictoria.

Por ello, es preciso que este tipo de desarrollo se convierta en un eje articulador real y efectivo de las políticas públicas, tal como lo propone Ricardo Anaya, nuestro candidato por la coalición por México al Frente, en cuya plataforma electoral destaca la importancia de poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de desarrollo nacional, así como incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de sostenibilidad ambiental.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!




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