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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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25 Noviembre 2018 04:00:00
El desmantelamiento de la Federación mexicana
A pasos agigantados avanza, aún antes de asumir el cargo, el plan general de AMLO para implantar su visión de país.

En el camino se ha arremetido contra algunas instituciones, pero eso no es nuevo. La historia reciente de México está plagada de acciones al margen de la ley y aun contra ella, en aras de no se que intereses oscuros, cada vez menos disimulados tras la cortina de humo que ha producido la invocación de motivos indefinidos, tales como “el pueblo”, el “interés público”, “el bien de la República, y otros por el estilo.

Las cosas tenían -y tienen- que cambiar, pero hay que tener buen cuidado en no desmantelar los puntales de nuestra estructura, y todavía más de evitar los defectos del pasado.

Aparentemente, la distribución del poder que implica el sistema federal, adoptado por nuestro país como medida de integración desde su fundación misma, se ha percibido como obstáculo para la transformación anunciada, pero no es así.

Si, como muchas instituciones, no ha cumplido con su propósito, no es por deficiencias propias sino a causa de la impericia, o la intención desviada, de quienes han estado a cargo de los gobiernos. Se corrompen las personas, no las instituciones.

El sistema federal no es esa la causa de los males y puede ser uno de los ingredientes para remediar los abusos de poder, si bien se emplea el instrumento.

Por eso hay que rescatarlo y no desmantelarlo. Para ello, conviene repasar sus características sustanciales, y recordar que ese sistema cabe cuando coexisten varias comunidades políticas que cuentan con autonomía originaria, en ejercicio de la cual deciden unirse para formar una nueva entidad y para el caso se inhiben, voluntaria y simultáneamente, de algunas atribuciones soberanas para cederlas a un nuevo orden gubernamental que se erige para atender los intereses comunes, creando además una entidad distinta de cada una de ellas, que a todas las comprende, respetando las peculiaridades de cada una.

En el sistema federal, contra lo que suele pensarse, coexisten tres órdenes jurídicos: a) el que corresponde a cada uno de los estados miembros; b) el correspondiente al orden federal, y c) aquel que es supremo y abarca a los dos anteriores.

No hay jerarquías gubernamentales, sino ámbitos normativos distintos, aglutinados en torno a la supremacía constitucional.

El esquema federal adoptado para la organización del poder refuerza el sistema de separación de poderes, cuyo principal objetivo no es la división de tareas, sino el equilibrio que habrá de resultar del control mutuo entre ellos, para evitar los excesos que tienden a darse cuando el poder se concentra, como se corre el riesgo de que ocurra actualmente, en perjuicio, a la postre, de los derechos y libertades de los menos favorecidos.

En el sistema federal, esos controles se duplican y por eso es por lo que conviene restablecer su vigencia plena, tan disminuida a estas alturas, es cierto, que ya casi no queda de él sino poco más que el nombre, pero no es anulándolo, sino reconstituyéndolo, como habrá de serle restituida su eficiencia política.

Las iniciativas -ya lo he dicho aquí mismo y en otros foros también- que propenden a unificar el poder, centralizándolo, por más que se aduzca lo contrario, acaban por deteriorar la calidad de vida de los seres humanos sin acceso al poder –económico o político- que son quienes componen eso que llamamos “sociedad civil”.

El antídoto está en el respeto a las normas, en general, y en la garantía de los derechos fundamentales, evitando ceder a la tentación cómoda de dejar en pocas manos ese valioso instrumento de desarrollo social –o de sometimiento, depende de quién y cómo lo use- que es el poder político.

El “estado de derecho” es, por definición, comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada, gobernada por el derecho, no por la voluntad arbitraria de alguien, o algunos pocos, por bien intencionada que sea. Para evitar que eso pase, conviene acotar el poder.
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