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Carlos Gutiérrez Montenegro
Carlos Gutiérrez Montenegro
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Psicólogo, Maestro en Enseñanza Superior por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente desarrolla su campo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Saltillo, como coordinador de investigación; en el Centro de Asesorías, A.C. como psicoterapeuta psicoanalítico; Asesor técnico del Centro de Investigaciones Psicopedagógicas, de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Coahuila; Productor de contenido del programa “De Frente” y editorialista del canal 7 RCG de televisión, además de articulista del periódico “Zócalo” de Saltillo. Algunos de sus escritos e investigaciones son: "PSICOANALISIS Y SOCIEDAD", publicado por la Universidad Veracruzana en 1982, el 'ESQUEMA DE LA PUBLICIDAD', también publicada por la Universidad Veracruzana en 1984, la 'ESCUELA PARA PADRES", publicada por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila y el Instituto de Servicios Educativos del Estado de Coahuila, en 1993 (primera edición) y en 1994 (segunda edición). Además, la investigación llamada ‘ESTUDIO EXPLORATORIO Y PROSPECTIVA DEL PROGRAMA MECED EN EL ESTADO DE COAHUILA’, realizada en una colaboración conjunta de la UPN con el DIF Estatal y la Secretaría de Educación Publica de Coahuila y la investigación “ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DETERMINANTES DE LA REPROBACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA”, de reciente publicación.

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24 Octubre 2017 04:00:00
El diputado que quería vengarse de los titulados
El diputado federal del Partido Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, impulsó una iniciativa (ya publicada en la Gaceta Parlamentaria) para establecer que la Cédula Profesional, que es el documento que certifica la posesión de un grado de estudios, se renueve cada seis años, mediante la presentación de un examen teórico-práctico que demuestre que el profesionista tiene los conocimientos necesarios para ejercer la profesión. Se podrá presentar, propone el diputado, en la institución expendedora de la certificación original o en otra de su elección, la cual deberá corroborar sus aptitudes, y en caso de no alcanzar la suficiencia, se le impedirá seguir ejerciendo su carrera. Pero generoso, dice que mantendrán su derecho de acudir ante la Secretaría de Educación Pública (fiel de la balanza) para solicitar una prórroga o término, con el fin de acreditar los estudios.

Apuntó el diputado García Yáñez que hoy la ley no contempla la actualización de los estudios profesionales, por lo que su iniciativa busca subsanar tal omisión. La iniciativa, ya remitida a la Comisión de Educación para su análisis, hizo estallar una tormenta pública que vapuleó con fuerza al diputado cuya iniciativa, tal vez hecha de buena fe, seguramente hubiera corrido la misma suerte que sus anteriores “20 o 30 nobles iniciativas”, según dijo él no aprobadas porque sus enemigos no quieren que llegue a ser gobernador de Morelos (en la lógica de que “si Graco es ¿Por qué yo no?”).

Poco después de que los medios publicaran su iniciativa, la polémica se desató, tanto en periódicos como en televisión y todo tipo de redes sociales, además de “amenazas recibidas en su oficina”, según declaró. Y la base fundamental de las críticas recibidas fue en el hecho de que el diputado no tenía más que la preparatoria, en esa costumbre de las críticas actuales que gustan de utilizar la falacia Ad Hominem, que en lugar de refutar los argumentos se limita a descalificar a la persona. El argumento del diputado no se basa en su calidad de graduado, sino en la necesidad de que los graduados se recertifiquen periódicamente y comprueben la actualización de sus conocimientos.

Aunque parece, sí, que le faltaron algunos conocimientos no sólo de lógica o visitas a las bases de datos del INEGI, del INEE y otras instituciones que le hubieran podido ayudar a la precisión de la propuesta porque, aun cuando no hay razón para dudar de su capacidad política (dice que es bueno, porque ya fue Presidente Municipal de su pueblo y diputado local de su estado, lo que implica la falacia de la autoridad), aun así, debe racionalizar su propuesta desde la lógica del sistema educativo.

Si se aprobara esta noble iniciativa, el trabajo titánico que actualmente realiza el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) se vería como un juego de niños. ¿Se preguntó el diputado el trabajo que tendría que hacer cada institución para recibir año con año después de los seis, todas las generaciones que ha graduado? Imagínese una institución como el Tecnológico de Monterrey, que desde 1947 ha egresado una enorme cantidad de profesionistas y que en los últimos años ha eliminado de sus licenciaturas el examen profesional, o bien la Universidad del Valle de México, actualmente con más de 120 mil alumnos en activo, que se certifican mediante examen de Ceneval, ¿Qué podrán hacer de aquí a 7 años? ¿podrán cumplir la ley? O bien las enormes universidades públicas al estilo de la UNAM ¿tendrán capacidad de recertificar a sus egresados, a partir del próximo año, una vez aprobada la ley? Solamente en el ciclo 2015-2016 egresaron de licenciatura y posgrado 233 mil 578 alumnos que en el año 2022 tendrán que volver a presentar examen de recertificación.

Y no solamente eso. Si se llegase a aprobar la ley y se tuviera que retirar la licencia a los profesionales en ejercicio que se negaran a aplicar, no por falta de capacidad y conocimientos, sino porque consideran injusta la medida ¿de qué manera podría sustituir la planta productiva, las instituciones docentes, las organizaciones civiles, la ausencia de estos expertos? O bien, estarían orillados a ejercer al margen de la ley. No critico al diputado, porque entiendo que no es un experto en el asunto, pero sí me parece que debería cambiar de asesores. Sin duda, está desperdiciándose dinero público en gente de evidente ineficiencia. Y luego no quieren que se critique al Congreso.
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