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Katia D'Artigues
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13 Diciembre 2016 04:00:00
El Ejército y la ley pendiente
¿Qué quiere Moreira?

Al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión le quedan sólo dos sesiones: la de este martes y la del jueves 15. Si usted es senador, no quiero echarle a perder sus vacaciones, pero podrían convocarlos a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de sacar adelante —al grito de ya— una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco. No creo que se la mejor opción pasar una ley tan importante sin pensarlo mucho y después de que el Ejército ha estado en esta situación que ahora se “descubre” irregular, pero sucede desde hace 10 años.

En el Senado, el PRI está interesado en debatir la Ley de Seguridad Nacional en las próximas semanas, sacarla en enero próximo, propuesta a la que también se han adherido el PRD, (consideran que se estarían precipitando los tiempos, aunque también presentarían su iniciativa de ley) y el PAN.

El despertar súbito del Poder Legislativo para el tema se da luego del enérgico discurso del General Secretario, Salvador Cienfuegos el pasado jueves. Recordará que se quejó —ya lo había hecho antes, pero ahora sí hay reacción— que el Ejército no tiene un marco constitucional para estar en las calles haciendo tareas de seguridad.

Ojo: no es tanto, aunque también, que no haya marco legal lo que le preocupa, sino las posibles acusaciones o decisión de militares de no obedecer por el miedo a que se les acuse de violaciones a derechos humanos.

El viernes pasado, durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, el presidente Enrique Peña Nieto también se refirió a las tareas de seguridad que actualmente realizan los militares:

—Los soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país.
Ayer, durante la entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, también se manifestó a favor de un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas que participan en tareas de seguridad, aunque ojo, no dijo que debe ser algo permanente:

—...La seguridad pública es una función que corresponde, y debe estar a cargo, de instituciones de carácter civil; nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.

Hoy en el Senado podrían definirse los tiempos para sacar adelante la ley que regule el actual trabajo castrense en materia de seguridad pública.

Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de enero de este año, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se habían recibido 12 mil 408 quejas contra las Fuerzas Armadas que participan en la guerra… o lucha… o estrategia que hay que revisar… contra el narcotráfico. De ellas, 10 mil 54 habrían sido actos cometidos por militares, mientras que otros 1 mil 354 por elementos de la Marina Armada de México. Solamente en 4 mil 372 casos se comprobó violaciones a los derechos humanos. Se han girado 121 recomendaciones contra el Ejército y 37 a la Marina.

Entre 2007 y este año, 488 elementos del Ejército han muerto en los operativos contra la delincuencia organizada. En el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han cometido 173 mil 897 homicidios dolosos; pero no se ha especificado si están directamente ligados con la estrategia contra el narco.

Mientras que Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte están sin dar la cara ante la serie de anomalías detectadas en sus administraciones —al parecer prófugos los tres—, en el PRI se preparan para iniciar una lucha interna contra la corrupción.

En medio de los trabajos del Consejo Político Nacional, que inicia mañana miércoles, revisarán qué harán electoralmente en el 2017 para disputar las tres gubernaturas en juego y también instalarán la Comisión Anticorrupción, la cual, tendrá entre sus funciones revisar la trayectoria de sus candidatos a cargos de elección popular.

No estaría por demás tener un presidente de ese organismo al 2x1, se ahorrarían cargos y darían un mensaje de que la lucha contra la corrupción sí va muy en serio y no sólo se quedaría en un mero discurso.

Le explico. Ahora en Coahuila, hay personajes que quieren regresar a la escena política. Uno de los candidatos a diputado local para el 2017 es el ex gobernador Humberto Moreira. ¿Qué otro candidato idóneo ven para encabezar la Comisión Anticorrupción?

Sobre temas de corrupción, ayer hubo noticias en dos estados.

En Veracruz, Miguel Ángel Yunes anunció que esa entidad está en “crisis financiera”. Para salir a flote, anunció una serie de medidas financieras que van desde la modificación del presupuesto para el 2017, cancelación de plazas donde se localicen aviadores. No ocupará la Casa de Gobierno, con lo que anualmente se ahorrarán 60 millones de pesos, ente otras acciones.

No es el único.

En Tamaulipas ya se habían tardado en hacer cuentas de las últimas administraciones.

Allá, el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que su administración localizó una deuda de 6 mil millones de pesos —adquirida desde 2009, en tiempos del ex gobernador Eugenio Hernández— a pagar...¡a 30 años!

Ufff. Hasta ahora, de puros intereses han pagado 3 mil 400 millones de pesos, y sólo se ha cubierto casi un 6 por ciento del monto total.

Lo peor de todo es que la nueva administración panista no localiza en dónde fueron utilizados estos recursos adquiridos.

Cuauhtémoc Blanco sigue con el balón en la cancha. El proceso de revocación de mandato, que ya fue avalado por el Congreso de Morelos, pende ahora de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el ex futbolista presentó un recurso ante ella para evitar este proceso.
Ya sabe, a Cuauh lo acusan de haber presentado documentación falsa para demostrar residencia en la ciudad que hoy gobierna.

El ánimo de Blanco está tocado; el fin de semana pasado de plano estalló:

—Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho, no hay que permitirlo, somos más los ciudadanos. Estos cabrones no se van a detener, el año que viene va a estar más difícil, no hay que confiarnos, el año que entra va a estar más cabrón…Estamos, ahora sí lo voy a decir, estamos hasta la madre de esta situación que quieren hacer los diputados. Estamos cansados, estamos fastidiados de tanta impunidad.

Y será el clima de la ciudad de la eterna impuni...perdón, eterna primavera, que hablando de madres, la suya también salió en defensa de Cuauh. Me refiero a Hortensia Bravo, su mamá:

—Yo les agradezco mucho a la gente de aquí porque en realidad sí están viendo que mi hijo está trabajando y a todos les doy las gracias. A todo el pueblo de Cuernavaca. Él sabe que no es cierto, yo a esos señores (los legisladores que quieren destituirlo) que Dios los bendiga, pero el que obra mal, mal le va.

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