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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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27 Septiembre 2018 04:00:00
El Estado destruyó la verdad
Desde luego que fue el Estado: tuvo responsabilidad cuando desaparecieron los 43 y también cuando dinamitó la investigación sobre lo ocurrido. Dos veces fue el Estado, pero mayor deuda tiene cuando fabricó “la verdad histórica”, porque esa maquinación se celebró en las recámaras encumbradas de la política y el poder.

Fueron los policías municipales y los estatales, hay evidencia de que participó la Policía Federal, y todo indica que lo ocurrido no pasó desapercibido para las fuerzas del Ejército desplegadas en la zona.

Los sueldos de todos esos individuos se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Según las leyes mexicanas son funcionarios públicos quienes detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la ley esos funcionarios abusaron de un poder conferido por el Estado: cometieron el delito de desaparición forzada.

Con estos argumentos basta para decir que el Estado fue responsable de lo ocurrido con los 43. No lo exime que en los hechos delictivos hayan participado criminales ligados a las mafias de la región, ni que algunos presuntos autores materiales hayan pertenecido al grupo de los Guerreros Unidos.

La asociación delictiva entre el Estado y las organizaciones criminales no exime al Estado de su responsabilidad.

Sería sin embargo injusto señalar como responsables al jefe del Estado mexicano o a su círculo más cercano. No fueron ellos quienes detuvieron a los estudiantes, ni quienes hicieron que su existencia se esfumara durante estos cuatro años.

Su culpabilidad es otra y quizá más grave: en un segundo momento, con su política arbitraria, se destruyó la evidencia que hubiera podido resolver el caso, o por lo menos, obtener mejor certidumbre sobre lo ocurrido con esos jóvenes normalistas.

No sabemos si fue la prisa por resolver, un ánimo deliberado por ocultar, o ambas cosas, pero en los hechos la invención de una falsa teoría del caso destruyó la posibilidad de saber lo que verdaderamente sucedió.

Hay evidencia de sobra para exhibir como falso que todos los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula; de hecho, hay evidencia solvente para decir que ningún cuerpo fue quemado en ese lugar.

Las autoridades de la PGR afirmaron, primero, que todos los cuerpos habían ardido en el vertedero: el viernes 7 de noviembre de 2014 Jesús Murillo Karam dio a entender que el conjunto de normalistas había sufrido la misma suerte, sin embargo, pasado el tiempo, la dependencia se desdijo.

Cuando se cumplió un año de la desaparición, Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que un grupo –no todos los 43– había corrido tan tremenda suerte. En ese momento le pareció irrelevante a Zerón comunicar el estado de la investigación sobre el destino del resto de los normalistas desaparecidos.

Pero los testimonios de los supuestos incendiarios no coincidían con respecto a datos tan fundamentales como el lugar exacto, dentro del basurero, la hora o la mecánica criminal. Y no combinan porque esas declaraciones se obtuvieron y firmaron bajo tortura, torciendo la verdad de los hechos con el objeto de que acompañaran a la verdad histórica fabricada por la autoridad.

Cuando intentaban engañar no sabían los responsables del Estado que la noche del 23 de noviembre llovió en Cocula, a la misma hora que estaba aconteciendo la supuesta quemazón: el agua cayendo sobre la hoguera inventada vuelve inverosímil la versión oficial, además de los peritajes expertos que quiso luego la autoridad descalificar.

El sembrado de los restos humanos de Alexander Mora en el río San Juan es otra prueba del infame proceder de Tomás Zerón, responsable principal de la investigación. ¿Cómo obtuvo este funcionario esos restos? ¿Quién le comunicó que podía hallarlos en ese justo lugar? ¿Por qué asistió al sitio sin cumplir con el protocolo y las normas que lo obligaban?

ZOOM: Zerón es el artífice de la mentira histórica que Murillo creyó porque arriba de él, desde Los Pinos, Humberto Castillejos –el jefe jurídico de la Presidencia– lo presionó sin prudencia ni recato. Esos tres personajes eran funcionarios del Estado mexicano, del más alto nivel. Su actuación es argumento para gritar de nuevo: ¡fue el Estado!, (quien destruyó la evidencia que habría servido para conocer la verdad sobre los 43).
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