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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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30 Septiembre 2016 04:07:00
El libre desarrollo de la personalidad (I)
En últimas fechas nuestra sociedad mexicana ha sido obligada a modificar su perspectiva de normalidad, esto por la imposición de criterios y consideraciones legales y sociales originadas en países extranjeros. El legal cambio de sexo voluntario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la libertad de contratación sin discriminación por edad y el divorcio incausado a través de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de causales en el procedimiento de divorcio, forman parte de las primeras prerrogativas que en esta materia el Estado ha concedido a los ciudadanos que lo han requerido, todo esto para evitar, según se dice el transgredir el derecho de los demandantes a desarrollar de manera libre y fluida su propia personalidad individual.

El nombre preciso de este criterio es el de “El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”, y se define como el reconocimiento que el Estado debe hacer, a la facultad natural de todo individuo a ser como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de este derecho es permitir a la persona la realización y cumplimiento de sus propias metas, las cuales se ha fijado de manera autónoma, de acuerdo con su temperamento y carácter, con la única limitación de no violentar el derecho de las demás personas y el orden público.

Este criterio inminentemente humanista ha sido el principal fundamento para sostener las resoluciones extraordinarias en materia de derechos humanos, esto a pesar de que de manera literal no ha sido consagrado en capítulo dogmático de nuestra Constitución, lo que ha obligado al Poder Judicial federal y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a consolidarlo a través de la doctrina jurisprudencial, esto con el decidido ánimo de imponer tales cambios sociales y familiares en el acervo jurídico.

Desde el punto de vista de nuestros magistrados y ministros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca todas las áreas en las cuales el ciudadano de manera cotidiana desarrolla sus actividades, sin importar la situación que la persona tiene con la sociedad civil y con el estado. Ante tal situación los particulares y el Estado mismo estamos obligados a no interrumpir por ningún motivo el ejercicio de sus libertades, como la de pensamiento y la de expresión verbal o corporal; forma de vestir, su cabello, su estética, los cuales sólo deben depender de los gustos individuales de cada quien y del estilo de vida que el mismo decida escoger y en el medio social en que se viva y con el que se sienta más a gusto.

Hasta aquí todo pareciera favorable y hasta defendible, sin embargo el problema surge cuando nos percatamos que este derecho fundamental no consiste necesariamente en hacer lo que es bueno o lo que es razonable o necesario para el mismo ser humano. La libertad que protege este derecho es una libertad negativa, es decir, consiste en hacer o dejar de hacer lo que se quiera, sin intromisiones externas del Estado o particulares. En este sentido, este criterio jurisprudencial no acoge doctrinas paternalistas o perfeccionistas que inviten a las personas a optar por el bien ni para sí, ni para los demás, es decir, que el ciudadano deberá decidir atentar o no contra su sobrevivencia, dignidad, moral, salud física o mental, ya que cualquier imposición, regla o simple invitación del Estado para procurar estos aspectos, serían incompatibles con esta libertad de desarrollo de la propia personalidad. Como bien lo ha señalado la Corte Constitucional de Colombia, la cual sostiene “no corresponde al Estado ni a la sociedad, sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de realización personal” (T-516 de 1998).

Entonces de hacerse obligatoria la observancia o aplicación de este amplio derecho, estaríamos sin duda, liberando al Estado de su principal obligación, que es la de procurar el bienestar de la sociedad…
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