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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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07 Octubre 2016 04:00:00
El libre desarrollo de la personalidad (parte final)
“De todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada… hay en marcha una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo formamos lazos y relaciones con los demás”.

A. Giddens

Los órganos jurisdiccionales de nuestro país han decidido a incorporar a ultranza un nuevo derecho humano, denominado: El libre desarrollo de la personalidad.

Este nuevo derecho consiste en dejar al ciudadano ser como quiere ser, sin ningún control o impedimento por parte de los demás.

El referido derecho busca que el individuo logre las metas que de manera unilateral y espontánea se ha fijado, esto por razón de su personalidad, temperamento y carácter propio, con la única limitante que los derechos de las demás personas y del orden público le imponen.

Por virtud de la aplicación de esta innovadora prestación legal, nuestro sistema judicial ha concedido a los ciudadanos diversas prestaciones a través de las leyes secundarias que han dado paso a figuras tales como el divorcio incausado, el matrimonio igualitario, la adopción homosexual.

Incluso la adopción monoparental, es decir la adopción de un menor por una sola persona. Todo esto bajo la lógica de que el individuo puede hacer con su vida lo que quiera, por lo que el Estado se encuentra impedido para regular o limitar ese precioso derecho.

El estudio amplio de este derecho nos lleva a concluir que libertad que se otorga debe considerarse como una libertad de acción negativa, ya que permite al individuo hacer o dejar de hacer lo que quiera, sin intromisiones externas del Estado o particulares. Relevando a los gobiernos de planear y aplicar doctrinas perfeccionistas o de bienestar que motiven a los ciudadanos a adoptar conductas benéficas en su favor o en favor de los demás.

Ahora el ciudadano de manera involuntaria debe asumir la responsabilidad de decidir el atentar o no contra su dignidad, moral, salud física o mental, ya que cualquier intromisión, por pequeña que esta sea, por parte del Estado es incompatible con esta libertad de desarrollo de la propia personalidad.

Tal como lo establece la Corte Constitucional de Colombia, la cual advierte que desde ahora “no corresponde al Estado ni a la sociedad, sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de realización personal” (T-516 de 1998).

Como ejemplo de las probables consecuencias que la imposición de esta prestación traerán a nuestra sociedad, tenemos lo sucedido el pasado mes de septiembre en un juzgado federal con sede en Nayarit, el cual, fundando su resolución en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, le otorgó un amparo para que dos jóvenes menores de edad pudieran contraer matrimonio y registrar a su hijo en el Registro Civil de dicha entidad.

Lo anterior, al considerar que la legislación de Nayarit es discriminatoria, (igual que la de Coahuila) ya que priva “injustificadamente” a personas menores de edad de la posibilidad de casarse.

El juzgador consideró que la aplicación de los artículos 144 y 354 del Código Civil para el Estado de Nayarit son inconstitucionales, en virtud de que vulneran los derechos a la igualdad y al desarrollo de la personalidad.

Este criterio garantista puede observarse en todos los aspectos de la vida cotidiana al punto de evitar a la directiva de una escuela negar el ingreso a clases de una joven estudiante por motivo de llevar un piercing en su rostro.

Sin duda alguna esta nueva modalidad de formación de una sociedad con extremas libertades dará paso a conductas inimaginables de los ciudadanos, sin poder ser reguladas de forma alguna por el Estado. Con lo que desaparecerá la posibilidad de crear personalidades destacadas y esforzadas, en una sociedad organizada, todo esto por culpa de este derecho que ante tales circunstancias mejor debiera ser llamado como “El Libre Desarrollo de la Ordinariedad”.
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