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Gerardo Hernández
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01 Enero 2019 04:08:00
El modelo cubano
La pluralidad partidista en el recinto de la UAdeC donde el gobernador Miguel Riquelme dio el mensaje posterior a su primer informe, no reflejó la nueva realidad política del estado, sino una verdad que el moreirato trató de sofocar y ocultar por medio del espionaje, la represión e incluso terror. Humberto y Rubén Moreira viajaron a La Habana en 2007 para ser adoctrinados por Fidel Castro. La idea era importar la revolución cubana e instaurar en Coahuila su propio modelo totalitario.

Si el comandante nombró sucesor a su hermano Raúl, aquí Humberto impuso a Rubén. Para lograrlo eliminaron a sus rivales, suplantaron liderazgos y estructuras con figuras y cuadros incondicionales, y suprimieron todo tipo de disidencia aun dentro del PRI. Los costos para el estado han sido enormes, no solo en términos financieros, sino también humanos y morales. Coahuila se convirtió en referente nacional e internacional de violencia y corrupción.

Entrevistado tras la liberación de Humberto Moreira del penal madrileño de Soto del Real, el 22 de enero de 2016, donde pasó una semana por una investigación de lavado de dinero, el historiador coahuilense Carlos Manuel Valdés declaró al periodista Pablo de Llano, sobre el gobierno del priista: “Fue una época de dispendio. Nos dejó con una deuda imposible de pagar. Empezó siendo un maestro sencillo, pero terminó enfermo de poder, gastando dinero sin límite para comprarse el favor de la gente y con desvaríos como querer implantar en Coahuila la pena de muerte” (El País, 22-02-16).

Humberto no impuso la pena capital, pero sí a su hermano para que la deuda por 36 mil millones de pesos jamás fuera investigada. “Rubén nunca criticó a su hermano por su nombre, pero tampoco evitó –o no pudo evitar– reconocer lo envenenado de su legado: ‘Cuando yo entré a mi gobierno, me di cuenta de que estábamos a punto de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el Gobierno, sino la delincuencia’, afirmó en una entrevista con un diario local”, dice el texto de De Llano.

El 6 de noviembre de 2017 la Universidad de Texas presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el estudio Control sobre todo el estado de Coahuila: un análisis de testimonios en juicios contra miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, según el cual “Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira” (Proceso, 06-12-17).

Quince días después, El Colegio de México anunció los resultados de la investigación El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011, elaborado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, sobre las masacres en el penal de Piedras Negras y en Allende. “La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaron el centro penitenciario (…)”.

El informe advierte que “Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089. Esas cifras nos permiten asegurar que la venganza trascendió a Allende. El caso crece en magnitud y complejidad. No está esclarecido o cerrado. Establecer con mayor precisión el número de víctimas ayudará a los familiares de desaparecidos y permitirá establecer responsabilidades”.

Previamente, el 7 de julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al Gobierno de Coahuila por crímenes de lesa humanidad en complicidad con Los Zetas entre 2009 y 2016. El periodo comprende cuatro años del gobierno de Humberto Moreira y cinco de la gestión de su hermano Rubén.

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