×
Georgina Cano
Georgina Cano
ver +

" Comentar Imprimir
29 Octubre 2017 04:00:00
El nuevo código penal
Las leyes deben adecuarse a las necesidades reales y actuales de la sociedad a la cual rigen. Aprobamos en el Congreso del Estado, la iniciativa del Ejecutivo para un nuevo código penal que representa importantes avances en materia de derechos humanos.

Contempla un carácter garantista y humanista que resguarda tanto los derechos de víctimas y ofendidos como de los imputados y sentenciados. En él se incorporan el respeto por la dignidad del ser humano y el derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación, como aspectos fundamentales, conforme al precepto constitucional que establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Se observa el principio de proporcionalidad de las penas, evitando la existencia de penas extremadamente severas considerando siempre el bien jurídico protegido. Instituye el principio de insignificancia para exclusión de penas: la pena no debe ser la misma para quien ha robado cien pesos que para quien ha robado cien mil.

En cuanto a la protección de los derechos humanos del sentenciado se incorporan figuras alternativas a la pena de prisión, tales como la libertad supervisada para delitos en los que el daño que se ocasionaría al restringir la libertad del sentenciado sería mayor que el daño del injusto que se pretende resarcir, considerando que la prisión, no en todos los casos es la solución para lograr la reinserción social. Dentro de las penas alternativas se contempla también el trabajo comunitario y multa sustitutiva.

Se logró la adecuada tipificación de los delitos de feminicidio, violación entre cónyuges y concubinos y hostigamiento sexual y la eliminación del lenguaje sexista en diversos delitos que representaba estereotipos para las mujeres .

Respecto al aborto, continúa tipificado como delito con pena de prisión de uno a tres años. El acceso a la educación sexual, los métodos anticonceptivos, la escuela para padres y otros recursos, debe intensificarse para prevenir embarazos no deseados. Ninguna mujer debiera estar en esa situación. Las circunstancias pueden ser múltiples: Violación, coacción, aborto involuntario, violencia familiar; aun y cuando sean excluyentes, la posibilidad de persecución y cárcel a la mujer subsiste. Es un tema de salud pública, de derechos humanos, de igualdad y no discriminación y de justicia social que afecta exclusivamente a las mujeres, principalmente a las de escasos recursos económicos. El trabajo comunitario o la multa sustitutiva podían haber reemplazado la pena de prisión que prevalece. Castigar con cárcel el aborto no lo evita, pero si lleva a las mujeres que lo buscan a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud, integridad física y hasta su vida. Estas prácticas constituyen un factor de riesgo que incrementa la morbilidad y mortalidad materna. Se establece para este delito una pena que no ha sido efectiva para prevenirlo, que es discriminatoria y que criminaliza a las mujeres. ¿Es positivo para nuestra sociedad? ¿Repara el daño? ¿Previene a otras mujeres de hacerlo? Según la Organización Mundial de la Salud el aborto es la quinta causa de muerte materna en el país y la tercera en Coahuila. No estoy a favor del aborto: en toda situación debe evitarse y prevenirse, pero llevar mujeres a la cárcel, criminalizarlas y estigmatizarlas es un tema que merece reflexión.


Facebook: Georgina Cano
Twitter: @GeorginaCano
Imprimir
COMENTARIOS



5 6 7 8 9 0 1 2