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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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15 Abril 2016 04:00:40
El nulo derecho al honor
Fue el día 4 de septiembre del año 2012, cuando por mera ocurrencia o por encargo, el Grupo Parlamentario Profesor José Santos Valdez, del Partido Primero Coahuila. A través de su diputado Norberto Ríos Pérez presentó una Iniciativa de ley a fin de reformar el primer párrafo del artículo 67 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En dicha iniciativa, se propuso eliminar de tajo del Código Penal, los delitos de injurias, calumnia y difamación, lo anterior bajo el argumento de que dichas figuras típicas se encontraban en desuso y que por consecuencia generaban confusión en la aplicación de la ley (sic).Dicha iniciativa fue aprobada el 19 de febrero del
año 2015, mediante el decreto No. 466, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de ese mismo año.

Con la aprobación de la propuesta citada, los diputados desaparecieron de la legislación penal coahuilense el capítulo relativo a los Delitos contra el Honor, es decir, desde entonces los ciudadanos carecemos de garantías legales que nos respalden para el caso de sufrir injurias, calumnias o difamación, ya que fueron
precisamente estos delitos los que por carecer de importancia a los ojos de los legisladores desaparecieron del catálogo de conductas punibles en nuestro estado.

Sin duda alguna, con dicha acción, perdió fuerza en la localidad la célebre frase de: “Tanto en los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”, ya que olvidan que si bien los ciudadanos gozan del derecho de libertad de expresión, también es cierto que con el mismo pueden incurrir en perjuicio de un tercero, conducta que en todo caso se encontraba tipificada como un delito, pero que con la reforma al Código Penal, es competencia exclusiva del ámbito civil.

Hasta antes de la inexplicable reforma los ciudadanos podrían incurrir en el delito de injurias cuando de manera deliberada realizaban cualquier acto con el fin de ofender el honor, la reputación o el decoro de una persona; de igual forma la justicia llamaba a cuentas a quien con el ánimo de desacreditar a una persona
emprendía un ataque a la fama o reputación de la misma, es decir, a quien intencionalmente rebajaba a alguien en la estima o concepto que los demás tenían de ella, incluso era posible procesar penalmente a quien realizaba imputaciones falsas a una persona de la comisión de un hecho que la ley califique como delito, a
sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió, es decir hasta ese fatal día nadie debía ser objeto de ataques a su honra o reputación.

La mayoría de las legislaciones de los países que conforman nuestro planeta garantizan que nadie sea objeto de este tipo de ataques, procurando que toda persona tenga derecho a la protección de la ley. Por consiguiente, hay que concluir que se trata de un derecho bastante importante que por ningún motivo debe
perder vigencia, si no cómo se explicaría lo que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone y que es que, en términos incondicionales y absolutos, nadie será objeto de ataques a su honra o reputación.

Es evidente que nuestros legisladores se contradicen al manifestar en cuanta entrevista intervienen que la prioridad del Estado es la protección a los derechos humanos, y en la práctica olvidan que el honor y la intimidad forman parte de nuestro sistema de valores, y al catálogo de los tan anunciados derechos humanos.
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