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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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14 Agosto 2017 04:00:00
El ocaso del docenio
Coahuila se acerca al fin del sexenio tras 12 años bajo la férula de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El veredicto sobre el primer Gobierno transexenal se emitió en las urnas el 4 de junio. En la elección para gobernador, el 59.5% de los coahuilenses votó por fuerzas contrarias al PRI, cuyo candidato, Miguel Riquelme, ganó con el 38.8% de la votación válida, sólo 2.4 puntos por encima de Guillermo Anaya, del PAN. En este espacio se anticipó el desfondamiento del PRI y la posibilidad de la primera alternancia. Lo primero se cumplió, la segunda aún no se cancela.

Riquelme captó 482 mil votos y Anaya, 452 mil (36.41%). Armando Guadiana, de Morena, recibió 151 mil (12.21%), Javier Guerrero (independiente), 105 mil (8.4%); Mary Telma Guajardo (PRD) 21 mil (1.7%) y Luis Horacio Salinas (independiente), nueve mil 684 (0.78%). La elección no sólo fue la más competida, sino también la más desaseada. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) documentó más de 200 irregularidades para impugnar el resultado y pedir su anulación.

Para evadir su responsabilidad por no haber atraído el conteo de votos y el traslado de paquetes electorales –dos de los puntos más controvertidos y acaso decisivos en el triunfo del PRI–, como lo solicitaron los candidatos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en el exceso en los topes de gastos de campaña de Riquelme y Anaya, en 7.8 y 4.5%, respectivamente. El consejo general aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización el 17 de julio, luego de una semana de alegatos y maniobras fallidas, como la del PRI, para que sus representantes de casilla firmaran documentos según los cuales no habían recibido pago alguno por sus servicios. Rolando Chacón, corresponsal de Reforma descubrió el ardid y la operación se suspendió.

Cuando el candidato ganador excede en 5% o más el límite de gastos de campaña y la diferencia de votos con respecto al segundo lugar es menor a ese mismo porcentaje, la elección debe anularse y los infractores ya no pueden participar en el proceso extraordinario. El precepto deriva de adiciones a la Constitución, publicadas en 2014, pero la decisión corresponderá en última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá resolver otros agravios.

Coahuila jamás había estado en una circunstancia como la de ahora. El PAN impugnó en 2005 la elección de Humberto Moreira, pero el TEPJF la confirmó una semana antes de su toma de posesión. Moreira superó al panista Jorge Zermeño por una diferencia de 19%, equivalente a 172 mil votos, además de tener de su parte al presidente del Tribunal, Eloy Fuentes. En una controversia previa, el voto del magistrado coahuilense le impidió a Raúl Sifuentes participar como candidato independiente en esas elecciones.

El dictamen del INE sobre el rebase de los topes de campaña –impugnado por el PRI– mantiene abierta la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, hasta ahora sólo sin el concurso de Riquelme, según el Artículo 41 de la Constitución. En tal caso, la convocatoria respectiva deberá expedirse 90 días después de la designación del gobernador interino. El tiempo está encima, pues la administración de Rubén Moreira concluirá el 30 de noviembre. El futuro político de Coahuila está en manos de un TEPJF tan desacreditado como el INE.
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