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Armando Luna Canales
Armando Luna Canales
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22 Febrero 2017 04:00:00
El perdón
El 3 de agosto de 2006 fueron detenidas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Luego fueron consignadas, con pruebas falsas. Posteriormente, fueron condenadas a 21 años de prisión. En una forma excepcional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la apelación de esa sentencia y ordenó la inmediata libertad de estas mujeres en base a la irregularidad de las pruebas con las que se les fincó un delito que jamás se probó.

Durante 3 años estuvieron recluidas en resumidas cuentas por su condición de mujeres, indígenas y pobres. Una vez liberadas y ante la negativa de la PGR de indemnizar por su irregular actuación, ellas recurrieron al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado. En cumplimiento a esa sentencia, este martes el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, reconoció su inocencia y pidió una disculpa pública a las tres mujeres.

Me atrevo a decir que este acto revela la intención clara del actual titular de la PGR de hacer las cosas en forma distinta, es decir, en la forma correcta. Los delitos sin duda son muestras de violencia, la respuesta de la autoridad al castigarlos también es violencia, justificada pudiera decirse, pero violencia a fin de cuentas. Pero cuando esta fuerza del Estado se proyecta contra alguien inocente estamos frente a la peor de las injusticias.

Los discursos fueron sin duda emotivos. Pero en el fondo me quedo con la exigencia de justicia, no sólo perdón, de que se castigue a los responsables y específicamente que se generen las condiciones para que no vuelva a suceder. La no repetición será sin duda el mayor homenaje que se haga a estas tres mujeres que soportaron en sus personas la mayor de las injusticias.

Con su actuar, la PGR violó el principio de presunción de inocencia y una gran cantidad de reglas de debido proceso, lo cual se agravó la condena en un juzgado. La sentencia absolutoria de la Suprema Corte y del Tribunal Administrativo es un inicio de reparación de esas injusticias. La indemnización y el perdón público la complementan. Lo dijo una de las víctimas, así los años de encierro duelen menos. Pero también dijeron ellas que la reparación final vendrá cuando no exista un caso más de inocentes en prisión.
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