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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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02 Diciembre 2014 05:08:22
El plan de Peña. Segunda lectura
Como lo ofreció, el presidente Peña envió ayer al Congreso un paquete de reformas para, pretendidamente, enfrentar la emergencia derivada de la inseguridad e injusticia. Destaca, en principio, la iniciativa para modificar el Artículo 115 Constitucional y en el lance, despojar a los municipios del mando de la fuerza pública. Los alcaldes se quedarán sin control sobre cuerpos de seguridad y además, quedarán sujetos a la posibilidad de ser “intervenidos” parcial o totalmente en caso de que el Fiscal general de la República encuentre indicios de que estén coludidos con el narco.

Sin mando sobre las policías preventivas, poco tendrán que preocuparse los ediles, ya que el contubernio entre autoridades y delincuentes pasa, invariablemente, por el acuerdo de que los hampones no verán afectadas sus operaciones o incluso, como pasó en Iguala, que los “malos” controlen a los uniformados. Pero no, ahora la seguridad en los municipios, en los estados, estará a cargo de los gobernadores y los municipios “deberán realizar las aportaciones, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”.

Eso sí, lo que se sabe hasta el momento de la iniciativa -que tal y como ofreció el PRI, se aprobará en cuestión de semanas-, es que la lupa estará permanentemente sobre los que desde Los Pinos se considera el eslabón más débil de la cadena gubernamental: “Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el fiscal general de la República advierte indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado y la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará el secretario de Gobernación para que, de estimar lo procedente… (previa solicitud, anuencia o visto bueno del Congreso) …la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial las funciones del Municipio, en los términos que disponga La Ley Reglamentaria”.

Es cierto, el Municipio es el eslabón más débil y las policías preventivas en el actual esquema, las más vulnerables a la infiltración del hampa. Pero también es cierto que las corporaciones estatales y aún las federales no están del todo blindadas contra los afanes corruptores del narco. El detalle es que la iniciativa, o al menos lo que se conoce de ella al momento, no perfila ninguna acción contra gobernadores o mandos de otras instancias, en quienes recaerá la totalidad de la responsabilidad en materia de seguridad pública.

Aún falta mucho por recorrer, precisar y aclarar. Sería deseable que las leyes que deriven de la iniciativa presentada ayer, incluyan candados y sanciones para evitar un uso faccioso o político del monopolio de las corporaciones policiacas en un estado, más aún para evitar que los gobernadores construyan verdaderos feudos -como por desgracia hay registro de muchos casos, en el pasado y presente- y que finalmente se consideren sanciones o el equivalente a la “intervención” en caso de que las evidencias de colusión lleguen a otro nivel.

Es etapa de construir. La iniciativa sin duda camina por el sendero correcto y hay tiempo para hacer las cosas bien. En México estamos acostumbrados a que todo lo que tiene que ver con la esfera gubernamental, termina tarde o temprano por torcerse. Éste no puede ser el caso por todo lo que está en juego y quedaría hacer votos por que esa suerte de afán empático que priva en el Congreso respecto a Peña Nieto no les nuble las entendederas a los legisladores y hagan todo lo que tengan que hacer, a fondo y con visión de futuro.
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