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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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25 Noviembre 2018 04:00:00
El proyecto del Tren Maya
Durante la pasada campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de un tren de pasajeros y carga en el sureste de México. En meses recientes el ahora presidente electo, así como miembros del equipo de transición, han realizado diversas declaraciones que confirman el desarrollo del denominado Tren Maya.

Si bien dicho proyecto será sometido a “consulta” los días 24 y 25 de noviembre, es evidente que la decisión ya está tomada, al grado de que ya se ha anunciado que la obra iniciará a mediados de diciembre.

Los datos que se han dado a conocer del proyecto son escasos y muy genéricos, Se sabe que el tren recorrerá mil 525 kms. en 17 estaciones distribuidas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El recorrido total se dividirá en tres tramos: tramo Selva (426 kms.), tramo Caribe (446 kms.), y tramo Golfo (653 kms.) El costo estimado será de 120 mil a 150 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil millones provendrán del Gobierno federal y el resto de un esquema mixto de inversión con el sector privado.

Este costo, realizado con estimaciones muy optimistas, no toma en cuenta que el trazado abarca territorios de difícil acceso y no dice nada sobre el mantenimiento de una obra que estará sujeta a condiciones climáticas extremas: huracanes, alta humedad, lluvias intensas, inundaciones, entre otros.

El proyecto tampoco hace referencia a la rentabilidad de los diversos tramos, toda vez que diversos empresarios han externado interés en áreas como el corredor Cancún-Tulum, pero no han dicho nada sobre aquéllos cuyas previsiones de pasajeros y carga son mínimas, lo cual necesariamente implicará subsidios para la operación del tren.

Otro aspecto a considerar es que el Tren Maya circulará por áreas de gran riqueza natural, con hábitats críticos para la supervivencia de especies en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote, el tapir y la guacamaya roja. En tal sentido, se prevén afectaciones en al menos tres Áreas Naturales Protegidas federales: el Parque Nacional de Palenque (Chiapas), la Reserva de la Biosfera de Calakmul (Campeche) y la Reserva de la Biósfera Sian ka’an (Quintana Roo), a lo cual se suma la reserva estatal Laguna de Bacalar (Quintana Roo), así como zonas de importancia ecológica ubicadas en Tulum (Quintana Roo) y Chichén Itzá (Yucatán).

México es uno de los 12 países megadiversos que hay en el mundo, lo cual conlleva la responsabilidad de cuidar a sus ecosistemas y especies, mismas que se han perdido de manera alarmante en las últimas décadas. México refrendó este compromiso con el cuidado de su riqueza natural durante la Décimo Tercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre Diversidad Biológica que se llevó a cabo en Cancún en diciembre de 2016.

La construcción de una obra de esta magnitud requiere de estudios de impacto ambiental y social que necesitan varios meses para prepararse adecuadamente e imponer, de ser el caso, medidas para reducir dichos impactos. No hacerlo así es una violación directa al derecho humano a un medio ambiente sano, tutelado por el Artículo 4° de la Constitución Mexicana.

A ello se suma que el Tren Maya habrá de recorrer espacios en los que hay una fuerte presencia de pueblos y comunidades indígenas, a los cuales se les debe consultar de conformidad a los estándares internacionales contenidos en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Por ello, una verdadera consulta tiene que cumplir con los siguientes principios rectores: previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, nada de lo cual se cumple con la “consulta” de este fin de semana.

En suma, el proyecto del Tren Maya repite vicios que queremos dejar en el pasado: estudios ambientales y sociales incompletos, ausencia de consulta a las comunidades afectadas, licitaciones al vapor, obras que por su deficiente planeación incrementan exponencialmente sus costos. Todo ello es una simulación en perjuicio del ciudadano.

En fechas recientes diversas voces de la sociedad civil, la academia, y comunidades indígenas han demandado que los trabajos del Tren Maya sean ejecutados con apego a la ley y con los estudios de factibilidad necesarios. Me uno a sus voces para exigir que este y otros megaproyectos, como el de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, cumplan con nuestro marco constitucional y legal.

Nos leemos la próxima semana.

¡Muchas gracias!
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