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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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31 Mayo 2020 04:03:00
El sistema educativo y la política que falta
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La expedición de la Ley de Educación de Puebla, en fecha reciente ha hecho surgir una inquietud acerca de los alcances, principalmente, de una disposición contenida en su artículo 105: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Se temía y casi se daba por hecho, que se trataba del inicio de un proceso que conduciría a la afectación del régimen de propiedad de los bienes, sobre todo los inmuebles, de las escuelas particulares. Se llegó mencionar, incluso, la palabra “expropiación”.

La reacción es explicable por el grado de exaltación anímica que ha provocado el contexto político contemporáneo, pero no hay motivo para inquietarse por ello porque la ley recientemente expedida no incorpora, como se verá, novedad alguna.

Baste recordar, para ilustrarlo, que la Ley Federal de Educación de 1973, bajo cuyo amparo funcionó el sistema y se educaron muchas generaciones, disponía que el sistema educativo nacional estaba constituido “por la educación que imparten el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios”, mientras que se componía “con los siguientes elementos: Los educandos y los educadores; los planes, programas y métodos educativos; los establecimientos que imparten educación…; los libros de texto, cuadernos de trabajo, material didáctico, los medios de comunicación masiva y cualquier otro que se utilice para impartir educación; los bienes y demás recursos destinados a la educación; y la organización y administración del sistema”.

Si bien se puede entender que haya personas en las que surjan dudas y temores respecto de la prevalencia de algunos derechos fundamentales -o todos- y la seguridad jurídica imprescindible para garantizarlos, no se justifica el empeño de redoblar el esfuerzo y la disciplina de informarse bien y reflexionar pensando en el largo plazo, teniendo en mente las estrategias y tácticas adecuadas a la solución de los muy graves problemas que nos aquejan, sin perder la concentración en los puntos críticos.

Eso y no otra cosa, servirá mejor al propósito de mejorar las estructuras sociales en nuestro país, enderezar el rumbo -perdido hace mucho tiempo, para ser justos- e instaurar condiciones propicias a las dinámicas de justicia en libertad e igualdad que caracterizan a las sociedades civilizadas y que son condiciones necesarias para que florezcan, en un orden justo, la paz, la seguridad y la esperanza que parecen perdidas.

En cambio, la emotividad pura y dura puede ser contraria a los intereses y valores que para eso hace falta rescatar y hasta pueden hacer presa de ella los falsos profetas que suelen aparecer con provecho en la confusión del río revuelto. Ellos se nutren, precisamente, del descontento y la irritación, justificados o no.

Falta también el contacto con los más necesitados, no ya como clientela electoral, sino para incorporarlos como compañeros de viaje al progreso y la dignidad del desarrollo integral, porque solo así se podrá decir que en este país hay democracia y que ella es sustancial y progresivamente dinámica, puesto que gobierna para proteger los derechos y libertades de todos, conforme a reglas de juego claras y estables, conforme a las cuales, en efecto, son provistas seguridad y justicia para toda persona, sin ambages y sin reservas.

Si se pierde de vista que toda respuesta basada en métodos, procedimientos, actitudes y lenguaje, como los que se critican solo abona a la causa de lo criticado y fortifica su juego, se va a errar, aunque se obtenga el desahogo de la presión emotiva.

Si, en cambio se parte de razones y argumentos y se prohíjan acciones virtuosas evitando el insulto y la diatriba, podrá avanzarse en el buen sentido.

Pensamiento y acción política de envergadura mayor, no catarsis, es lo que México necesita.
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