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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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27 Mayo 2016 04:00:46
El suicidio sin ley
A pesar de que nuestros legisladores locales juran y aseguran que el motivo de las diversas leyes exóticas promulgadas en los últimos meses en Coahuila, no es otra cosa que el adecuar las reglas de convivencia entre los gobernados. Dadas las conductas y problemáticas más acentuadas en la población, los coahuilenses desde hace tres años, y hasta la fecha, hemos vivido con tristeza y desesperanza que los índices de suicidios se acrecientan sin control y sin que nuestros representantes digan o hagan algo respecto al tema.

Contrario a las consideraciones de algunos de nuestros diputados, el suicidio también puede ser combatido desde la ley escrita, como lo han hecho ya en muchos países del mundo, en donde si un caso de suicidio pudo ser evitado por otra persona y no lo hace de manera deliberada, ésta debe ser juzgada por el delito de abandono de persona en peligro. La conducta de no asistencia a persona en riesgo también puede ser imputada a cualquier ciudadano, pero principalmente, al Estado y a los trabajadores del sector salud, ya que se presume que estos tuvieron desde un punto de vista más especializado el conocimiento del riesgo del paciente de manera oportuna.

Hasta hace apenas unos días, a pregunta expresa, el Ejecutivo estatal reconoció al suicidio como un problema social con alto índice de incidencia, comprometiéndose a iniciar una campaña de conscientización e información que pudiera ayudar a disminuir dicho fenómeno, además nos recordó que desde hace años Coahuila cuenta con un centro de llamadas, atendidas por profesionales capaces de ayudar a personas en riesgo de suicidio, siempre y cuando lo soliciten.

En España, según la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, precisamente en el Libro II, señala los delitos y sus penas en alusión directa al suicidio y a los castigos que este puede conllevar para otras personas en este país.

En Argentina la norma 27.130, declara “de interés nacional en todo el territorio de esa República, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio”.

En la actualidad, globalmente mueren más personas por suicidio que por homicidio, incluso si se tienen en consideración los casos en los conflictos armados.

Mientras que en Coahuila la ley precisa no ha sido promulgada, esto a pesar de que durante el año 2015 se registraron 166 suicidios, siendo la Región Sureste en donde el fenómeno cobró un mayor número de víctimas, con 54 casos, poniéndola por encima de la media mundial, luego 45 en la Laguna, 22 en la Centro, 11 en la Carbonífera y 34 en la Norte.

Es evidente que nuestro estado necesita mucho más que una línea de atención, cuya eficacia es bastante cuestionada, dado que quien desea quitarse la vida evidentemente cruza por un estado de locura transitorio, o un estado depresivo muy grave o cualquier otra situación análoga, que le impide darse cuenta de su situación, para tomar un teléfono y pedir ayuda.

Es por todo lo anterior que el Estado, mediante la ley, debe garantizar la mayor cobertura asistencial a las personas que se encuentren en peligro de suicidio o que ya hayan sido víctimas de intento de suicidio; a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio, que comprenda desde la detección, el seguimiento y tratamiento de acuerdo con lo establecido en la ley que hasta el momento no ha sido promulgada, por considerar nuestros parlamentarios que existen problemáticas más importantes en nuestra entidad, como lo es la recién aprobada “ley de la familia coahuilense”.
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