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Yuriria Sierra
Yuriria Sierra
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25 Abril 2015 03:00:14
El tema no es Aristegui ni MVS
Estábamos todos expectantes. Fue una sorpresa el amparo que se le concedió a Carmen Aristegui, mismo que obligaría a MVS a negociar con ella una posible reinstalación en su lugar en la radio matutina a través de su cuadrante. Se había definido que para esta reunión entre ellos mediara José Woldenberg. Sin embargo, el miércoles por la tarde, este amparo perdía efecto legal. De esta forma, nada obligaba a la radiodifusora a negociar con la periodista. Todo quedaría reducido a un asunto entre particulares, a una relación contractual. Al menos así para la ley. Incluso, y como mera y clarísima señal de la postura de MVS, ésta anunció cambios en su programación a partir del 27 de abril. En sus escasos deseos de que Aristegui regresara como titular del noticiario de la mañana, nos dijeron que sería Alejandro Cacho el conductor. Algo anunciado antes de conocer la decisión unánime de los jueces de revocar el amparo. MVS estaba decidida a no recontratar a Carmen y su equipo. Y la expectativa vino porque era evidente que lo que se definiría a raíz de la reunión ordenada por un juez (la que ya no se va a realizar por orden de otro juez) habría tenido repercusiones imprevisibles (por el precedente que sentaría) para medios, conductores y audiencias. El argumento legal con el que los defensores legales de Aristegui, los abogados Javier Quijano y Xavier Cortina, lograron el amparo que la llevaría a una negociación se basó en el cruce del entendido sobre la concesión de un bien y servicio público del Estado y “por otro en un ámbito de relevancia social”. El caso es complicado. Pinta, por lo que vemos, para largo.

El tema no es Aristegui y tampoco su empresa contratante, MVS. Lo que realmente tendría que estar a discusión, a raíz de este diferendo, es el “régimen de concesiones” de los espacios de tele y radiodifusión en nuestro país. México es de los pocos países (decentes, de esos que se sientan en el G20 o en la OCDE) en los que el espacio radioeléctrico sigue siendo propiedad del Estado. Y, aunque el Estado ya no posee ni maneja las empresas de medios, el solo hecho de no contar con el “título de propiedad” y sólo con un “título de concesión”, es decir: los empresarios de medios, prácticamente, “le rentan” el espectro al Estado, y ese solo hecho, a querer o no, pone, para ambos jugadores (Estado y empresarios), un tablero de juego que con facilidad puede pervertirse. Tan es así que un diferendo entre particulares, propiamente empresarial (como el caso Aristegui-MVS), puede, fácilmente, leerse como una decisión del Estado sin serlo. O intentar, en función de la propiedad concesionada del Estado (que maneja bienes públicos), presionar al Estado para que presione a un empresario a fin de que un conductor sea reinstalado en su puesto, como si fuera una dirección general o una jefatura de departamento de una secretaría de Estado.

Si los medios no fueran concesionados, sino propiedad de las empresas que los hacen funcionar, no habría espacio para conflictos, como el que hoy tiene MVS con Aristegui. Las empresas decidirían a quién quieren en sus filas y a quién no. No habría espacio para preguntarle al Estado, a través de las leyes, si se hizo lo correcto. Pero más aún: serían otros los incentivos (solamente los comerciales derivados de los ratings) los que impulsarían a los empresarios de medios a decidir sus contenidos y contrataciones. Competencia perfecta. Unos oyen a Fulanito, otros a Menganita, unos cuantos a Merenganito, y en función de sus volúmenes de audiencia tarifan sus espacios para los anunciantes. El régimen de concesiones limita o pervierte (aun sin proponérselo) las reglas de competencia que deberían regir al mercado. Y el Estado puede conservar parte de ese espacio radioeléctrico y hacer su propia oferta de contenidos. Competir también por las audiencias con contenidos de calidad. Como ocurre en Reino Unido, con la BBC, o en EU con la radio pública, que es una joya. En México ya se manejan el Canal 11, el Canal 22, el IMER y varias emisoras más.

En todo el mundo, el sector de las telecomunicaciones ya está mudando a las reglas del siglo 21 (que todas pasan por internet y sus contenidos) y, en México, no terminamos por transitar, siquiera, a las que rigieron la exitosa segunda mitad del siglo 20 en las democracias y economías verdaderamente eficientes y exitosas.
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