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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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13 Mayo 2016 04:00:21
El tratamiento a la trata
En las últimas semanas se han dado a conocer en nuestro estado diversas historias de jóvenes mujeres que por una u otra causa se han ausentado de su hogar sin mediar explicación a quienes viven con ellas; esta acción deja en la incertidumbre a sus familiares, quienes sin más remedio emprenden una búsqueda desesperada por todos los medios posibles, partiendo de la peor premisa.

Las redes sociales y algunos medios de comunicación ayudan, sin duda, a hacer públicas estas situaciones, el problema es que en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en juzgadores severos, al sugerir o hasta anticipar el desenlace de estas historias. Es evidente que a falta de una legislación eficaz que evite precisamente un mal manejo de esta información, los usuarios de las redes sociales emprenden campañas desprestigiantes en contra de las protagonistas. Estas acciones poco ayudan a inhibir la práctica de estos ilícitos y sí en desestimar la tragedia ante los ojos de la población.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos las mujeres son localizadas con bien justificando su ausencia como una decisión personal, también lo es que hay quienes realmente han perdido a un miembro de su familia, el cual posiblemente sea víctima del delito de trata de personas y al pretender apoyarse en redes sociales y medios masivos de comunicación para encontrar a su familiar, encuentran en estos nulos resultados.

En México, desde el año 2007, se elaboró el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, la cual por primera vez define en su artículo 3º el delito de “trata de personas”, describiéndola como la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

En el citado documento se ordena que cada Estado participante adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo descrito.

En cumplimiento de lo anterior, nuestro país en junio de 2012 promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. El estado de Coahuila el martes 20 de noviembre del 2012 publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley Para La Prevención, Protección, Atención y Asistencia a Las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas leyes ofrecían como principal virtud la atención y apoyo a las víctimas de este flagelo.

Poco claras ambas, carentes de herramientas precisas para su aplicación, pero sobre todo, omisas en cuanto a procurar la dignidad de las víctimas en los medios masivos de comunicación, en los cuales los usuarios parece que se niegan a entender que la trata es de por sí una violación a los derechos humanos y de la dignidad de las personas.

Es necesario dotar a esta ley de medios de apremio que logren prohibir que se emitan juicios de valor sobre la situación de los desaparecidos. Evitar la revictimización y la culpabilización; no dar detalles de los sometimientos que padecieron y evitar en todo momento naturalizar estas acciones a los ojos de la población.
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