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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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29 Agosto 2017 04:06:00
Elecciones en suspenso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá en las próximas semanas el futuro político del estado. El 4 de septiembre se cumplirán 3 meses de una de las elecciones para gobernador más desaseadas y controvertidas del país, sin un horizonte claro sobre el resultado final del proceso. El TEPJF tiene dos opciones: revalidar el triunfo del candidato del PRI, Miguel Riquelme, impugnado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), o anular los comicios e inhabilitar al priista para la segunda vuelta, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución. En cualquier caso, la resolución será definitiva.

El proceso para elegir gobernador inició el 1 de noviembre de 2015 y concluirá “al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno (Artículo 167 del Código Electoral del Estado)”. Esta es la sucesión más larga y fatigosa. En 2005 el PAN y el PRD impugnaron, pero en ningún momento existió tanta presión política, mediática y social. Entre otras razones, porque las irregularidades no fueron tan palmarias como ahora y porque el candidato del PRI (Humberto Moreira) aventajó al panista Jorge Zermeño con el 19.7% de los votos. El TEPJF validó el triunfo de Moreira el 23 de noviembre, una semana antes de tomar posesión.

En los comicios de junio pasado, Riquelme obtuvo una aventaja de apenas 2.4% con respecto al panista Guillermo Anaya. El TEPJF tiene hasta finales de noviembre para resolver la validez o nulidad del proceso. En el primer caso, Rubén Moreira transmitiría el poder a Riquelme; en el segundo, el Congreso local nombraría gobernador interino y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocaría nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días. De ser así, las votaciones podrían ser el 1 de julio de 2018, junto con las de Presidente y Congreso general.

En Tabasco y Colima, únicos estados donde hasta hoy se han repetido elecciones para gobernador (en 2000, 2003 y 2015, dos en el segundo caso), el TEPJF invalidó las constancias de mayoría extendidas por los institutos locales a solo 2 y 20 días del cambio de poder. La intromisión de los mandatarios de turno en los procesos provocó la nulidad. En los tres casos se nombraron gobernadores interinos. En Tabasco, la segunda vuelta se realizó casi un año después; en Colima mediaron entre 5 y 6 meses.

En Coahuila, las elecciones del 4 de junio se impugnaron por múltiples irregularidades, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en los gastos de campaña del candidato del PRI, por haber rebasado el tope autorizado en 7.8 por ciento. En el caso de Anaya, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un sobregasto de 4.56 por ciento. Es la primera vez que una elección puede anularse por las causales previstas en el Artículo 41 de la Constitución (apartado D, fracción VI), introducidas por la reforma de 2014. El inciso “c” advierte: “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

La espada de Damocles pende todavía sobre Riquelme... y sobre Anaya por exceder los gastos de campaña.
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